QUITO (AP) — El gobierno ecuatoriano analiza acciones legales para que el ataque militar colombiano a un campamento guerrillero clandestino instalado en territorio ecuatoriano, en marzo del 2008, «no quede en la impunidad», dijo el sábado el presidente Rafael Correa.
«Vamos a utilizar todas las instancias legales… para que ese bombardeo traicionero, ese ultraje a la soberanía nacional no quede en la impunidad», afirmó el mandatario en el programa radial sabatino Diálogo con el Presidente.
El ataque colombiano en el que murió el jefe rebelde Raúl Reyes y otras 24 personas, incluidos cuatro mexicanos y un ecuatoriano, provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, sin que se reanuden hasta la actualidad.
Correa hizo alusión a una reunión que mantuvo días atrás con su equipo de trabajo para analizar las medidas respecto al caso, aunque no dio más detalles.
Aclaró que «no somos guerreristas… (pero) vamos a responder con la ley, con derecho internacional».
Admitió que el proceso demorará puesto que para entablar una demanda fuera del país se deben agotar las instancias nacionales, según lo establecen las normas del derecho internacional.
«Lo ratificamos, tomaremos todas las medidas legales que sean pertinentes», señaló el gobernante.
«No es que digo me equivoqué, disculpen y se acabó el lío… (o) es mejor pedir perdón que pedir permiso. Con esa filosofía no nos van a engañar», agregó.
La Corte Nacional de Justicia anunció recientemente que solicitará la extradición de la mexicana Lucía Morett, y de dos colombianas asiladas en Nicaragua que sobrevivieron al ataque.
Las extranjeras son investigadas por la corte distrital de Sucumbíos, provincia en la que ocurrió el bombardeo, «acusadas de atentar contra la seguridad del estado ecuatoriano».
