Por SUSANA LONDOÑO
BOGOTA — El plan para realizar un referéndum que permita un tercer mandato del presidente Alvaro Uribe sufrió un nuevo traspié luego de que autoridades electorales declararon que se violaron los topes máximos de dinero permitidos para recaudar las firmas que respaldaron el proyecto de ley para convocar la consulta.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó su postura el jueves por la noche.
El techo máximo de dinero legal era de unos 2.000 dólares y los directivos que promovieron la recolección gastaron más de un millón de dólares, según sus propios organizadores.
Inclusive, miembros de la oposición han sostenido que entre los financiadores figuró David Murcia, un hombre que defraudó a miles de colombianos a través de captación ilegal de dinero. Murcia está detenido y próximamente será extraditado a Estados Unidos.
Las firmas, sin embargo, son auténticas y su legitimidad no fue controvertida por el CNE.
Para el promotor del referéndum, Luis Guillermo Giraldo, la decisión del CNE «es netamente política».
El juez del CNE Manuel Pretelt, quien se apartó de la decisión mayoritaria, explicó telefónicamente que la decisión no declara ilegal el proyecto de ley aprobado por el Congreso este año y que llama a realizar la consulta.
Lo que pasa, dijo el magistrado, es que la Corte Constitucional, que analiza la legitimidad del proyecto, seguramente tendrá en cuenta la violación de los topes al momento de fallar si el proyecto cumplió o no todos los requisitos legales.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Nilson Pinilla, manifestó en entrevista telefónica que no podía referirse a la decisión del jueves del CNE, «porque estaría prejuzgando. Pero en abstracto sí le puedo contestar que la Corte ha pedido muchas pruebas para tomar un fallo».
La propuesta llama a realizar una consulta popular en la que los colombianos digan si quieren o no modificar la Carta Magna y permitir una segunda reelección. La actual Constitución, ya modificada para permitir la reelección, sólo permite el segundo mandato inmediato por cuatro años.
El CNE también dispuso que se investigue a los promotores o directivos del grupo de simpatizantes del presidente Uribe que recabaron las firmas en todo el país. Actualmente la Fiscalía tiene abierto un proceso penal para establecer si la financiación del referéndum se ajustó a la ley.
«El Consejo Electoral no se puede arrogar esa facultad», comentó Luis Guillermo Giraldo.
«Vamos a acudir a los recursos de ley para conseguir que esa decisión (del CNE) se caiga», agregó.
Uribe no ha dicho públicamente si buscará o no ese tercer mandato en los comicios de mayo del 2010.
(AP)
