Por ALMUDENA CALATRAVA
BUENOS AIRES — Periodistas, sindicalistas y académicos exhortaron el lunes por una democratización de los medios de comunicación en América Latina que permita la diversidad de opiniones y acabe con los monopolios que, según sostienen, defiende la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
«Hay que defender al último periodiquito de barrio, aunque no estemos de acuerdo con él,», afirmó el periodista venezolano Eduardo Rothe durante el último debate que cerró un encuentro organizado como contrapunto a la 65 Asamblea de la SIP, que se realiza en esta capital.
El Primer Encuentro Internacional Medios y Democracia en América Latina fue organizado por la Federación Argentina de los Trabajadores de la Prensa e incluyó debates en los que participaron periodistas, dirigentes sindicales de organizaciones periodísticas, políticos y académicos de Uruguay, Argentina, Colombia, Paraguay, Brasil y Venezuela.
Para Rothe, en el continente americano «hace falta un nuevo orden comunicacional en el que todo el mundo pueda crear noticias y dar opiniones».
En tanto, Gustavo Bulla, director nacional de Supervisión y Evaluación del Comité Federal de Radiodifusión de Argentina, defendió la nueva ley de medios en el país sudamericano, que fue aprobada recientemente con la oposición de sectores políticos y de importantes empresas periodísticas.
Señaló que esta norma garantiza la democratización de los medios de comunicación . Esta ley, según indicó, «es inédita porque surge de un esqueleto de principios concebido por una coalición de organizaciones sociales, sindicatos, grupos de derechos humanos y académicos».
Bulla criticó el hecho de que en Argentina se hubiera formado en los últimos años una concentración de empresas periodísticas en pocas manos.
También cuestionó que históricamente Argentina apostara por la televisión de pago y que «desde hace cuarenta años que no se haya creado un canal de aire» en el país.
Los más críticos con la nueva ley de medios opinan que la norma no combate los monopolios periodísticos y asegura la pluralidad de opiniones, tal como alega el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, sino que podría terminar por coartar la libertad de prensa.}
Algunas empresas afectadas por la ley están obligadas a desprenderse de radioemisoras, canales de televisión abierta y de cable que superen los nuevos límites para la propiedad de licencias.
Una vez finalizado el último debate del encuentro, algunos participantes subrayaron a AP las políticas «imperialistas» que imperan en la SIP y el hecho de que esta organización se haya apoderado del concepto de libertad de expresión.
«El supuesto de la SIP es que la comunicación social es solo de carácter comercial y considera cualquier regulación por parte del Estado como una intromisión en los asuntos de la prensa», dijo Bulla.
Y añadió que la SIP «no es ni más ni menos que una organización patronal de los medios de comunicación que defiende los intereses económicos de esas empresas».
Las distintas mesas de discusión analizaron el panorama de concentración mediática existente en América y la uniformidad de la opinión pública, y otra abordaron la forma de garantizar «los contenidos populares en los medios».
La cita intentó mostrar una contraposición respecto al mensaje de la SIP, que el martes concluirá su 65 Asamblea General con la participación de representantes de los principales grupos periodísticos de América.
