Por KATHIA MARTINEZ
TEGUCIGALPA — Cerca de cumplirse los 100 días del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya e instaló el gobierno de facto de Roberto Micheletti, un delegado de la OEA dijo el domingo que hay una «disposición positiva» de las partes para un diálogo que permita superar la crisis.
A 99 días de la expulsión de Zelaya, el boliviano Víctor Rico, delegado de la Organización de los Estados Americanos, que se encuentra en Tegucigalpa, dijo en rueda de prensa que el organismo está consultando con los cancilleres que integrarán una misión especial para definir quiénes la integrarán en una visita programado para el 7 de octubre. Está misión será encabezada por el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza.
Rico dijo que ve una «disposición positiva hacia la búsqueda de un diálogo que resuelva finalmente la crisis política en Honduras».
«Esperamos que el viaje de los cancilleres tenga un resultado de la resolución de esta crisis», enfatizó. «No tendría sentido que venga una comisión de cancilleres del secretario general para que no haya un resultado positivo en la búsqueda» de una solución al impasse político.
La crisis estalló el 28 de junio cuando Zelaya fue derrocado y expulsado del país por los militares. El destituido mandatario retornó subrepticiamente a Tegucigalpa el 21 de septiembre y se refugió en la embajada de Brasil, donde permanece junto a unos cuarenta simpatizantes que lo acompañan.
Tras su retorno, Micheletti puso en vigor un decreto que restringió los derechos civiles y ordenó el cierre de la Radio Globo y el Canal 36 afines a Zelaya. El gobernante de facto insistió inicialmente en aplicar el decreto de emergencia para aplacar lo que calificó como llamados a la insurrección por parte de los partidarios del líder depuesto.
Rico dijo que «nos anima un razonable optimismo. Creo que ha llegado el momento que todas las partes se pongan a pensar en el sufrimiento que esta teniendo el pueblo hondureño», agregó.
Esta será la segunda misión de cancilleres de la OEA que llega a Tegucigalpa para buscar una salida a la crisis. El esfuerzo tendría como marco el Acuerdo de San José, un plan de 12 puntos impulsado por el presidente costarricense Oscar Arias, el cual fue presentado a fines de julio, pero hasta la fecha no ha solucionado la situación.
«Obviamente tenemos un marco que es el Acuerdo de San José que establece claramente la forma en que se restablecería el orden democrático y constitucional», señaló Rico. Agregó que «si los propios hondureños consideran que se puede modificar (ese acuerdo) yo creo que eso es absolutamente factible; aquí no hay nada escrito en piedra».
Rico fue claro en plantear que la comunidad internacional está propiciando el diálogo pero que en el proceso «los hondureños tienen que ser los principales protagonistas».
Por su parte, el líder del Frente de la Resistencia contra el Golpe Militar, Juan Barahona, dijo el domingo a la AP que «tenemos esperanzas de que este diálogo pueda llegar a un acuerdo».
Planteó que esperan que la OEA pueda «ratificar que es una organización de esperanza, de soluciones de los problemas de los países miembros». Si fracasa, agregó Barahona, «la OEA sería un elefante blanco más, una organización dirigida siempre por los intereses del imperio norteamericano que sólo sirve para festejos, pero no para resolver problemas de sus países miembros».
Barahona dijo hay dos puntos indispensables para una salida a la crisis: el retorno de Zelaya al poder y la vigencia del proyecto de una constituyente.
El Frente, reiteró Barahona, reconocería los comicios programados para noviembre sólo si Zelaya es restituido. Y si ello se cumple, el Frente plantea organizar una colación política de cara a esos comicios.
Aclaró que aún no hay nada acordado, sólo aspiraciones, pero el planteamiento es que la coalición la integren las fuerzas que están en la resistencia y que incluyen a sectores políticos como el Partido de Unificación Democrática, de izquierda, la candidatura independiente (de Carlos H. Reyes) y los liberales que están contra el golpe.
Por otro lado, una organización defensora de los derechos civiles de los judíos expresó su preocupación en torno a los rumores de una conspiración que dicen que Israel y los judíos auxiliaron al derrocamiento de Zelaya y a los intentos por hacerlo salir de la embajada brasileña.
La Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés, con sede en Estados Unidos), citó declaraciones efectuadas por Zelaya, así como por el director de noticias de Radio Globo y por el presidente venezolano Hugo Chávez, entre otros.
La mayoría de los comentarios repiten rumores de amplia circulación de que soldados israelíes —o mercenarios, según algunas versiones— trabajaron junto con los soldados que respaldan a Micheletti, presuntamente suministrando alguna forma de gas lacrimógeno empleado en la embajada y proporcionando otra asesoría.
El gobierno de facto ha negado haber recibido ayuda israelí o haber empleado gases en la embajada. Los periodistas que han cubierto la crisis política dicen que no han visto ningún indicio de participación israelí.
El grupo judío también criticó a Chávez por afirmar en las Naciones Unidas que Israel es el único país que reconoce al gobierno de facto, algo que éste ha rechazado.
La ADL también citó una entrevista con el diario Miami Herald en la que presuntamente Zelaya dijo que mercenarios israelíes lo están torturando con radiación de alta frecuencia.
«La historia nos permite saber que en épocas de agitación y disturbios, los judíos son un chivo expiatorio oportuno», dijo Abraham H. Forman, director nacional de la ADL, en un comunicado difundido el domingo. «Y eso está ocurriendo ahora en Honduras, un país que sólo tiene una pequeña minoría judía».
El grupo de Zelaya ha dicho que para que se inicie el diálogo es necesario que se derogue el decreto. Y también políticos conservadores y el propio Tribunal Electoral han pedido que se derogue éste para garantizar la transparencia de los comicios presidenciales de noviembre.
Micheletti dijo el viernes que el lunes se reunirá con sus ministros para tomar una decisión sobre la derogación o no del decreto.
Agencia AP.
