Por MAYRA PERTOSSI
BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal condenó el miércoles al sacerdote católico argentino Julio Grassi a 15 años de prisión por dos casos de abuso sexual y corrupción de menores.
El juez Luis Andueza, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de Morón, al oeste de Buenos Aires, leyó el fallo en el que Grassi fue condenado como «autor penalmente responsable por los delitos de abuso sexual agravado reiterado en dos hechos… que concurre con corrupción de menores», todos ocurridos en 1996.
Grassi, de 52 años, había sido enjuiciado por 17 casos pero sólo fue encontrado culpable en dos. El tribunal rechazó a su vez el pedido de detención inmediata que habían hecho la acusación y la fiscalía, por lo que continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme.
La fiscalía había pedido 30 años de prisión y la querella, 37 años.
«Fui víctima de una injusticia», dijo Grassi a periodistas apenas conocida la sentencia. «Me siento avergonzado por la justicia, no por mí», agregó el sacerdote, quien durante la lectura del fallo se mostró impasible.
«Se ha condenado a un pedófilo. Es un pederasta peligroso y va a pasar 15 años en prisión», destacó Juan Pablo Gallego, abogado de una de las víctimas.
«Vamos a apelar el fallo porque hay hechos que no han sido considerados», agregó.
Por orden judicial, las cámaras de televisión y los fotógrafos no pudieron ingresar a la corte con el fin de proteger la identidad de los jóvenes identificados con el seudónimo de «Luis», «Gabriel» y Ezequiel», que eran menores de edad cuando se denunciaron los abusos. Grassi fue encontrado culpable en el caso de «Gabriel».
El fiscal Alejandro Varela dijo estar «conforme en cuanto a que hay una condena a una persona que abusó de un menor; en cuanto a que continúe en libertad no estoy de acuerdo».
En las inmediaciones de los tribunales grupos de izquierda que exigían cárcel para Grassi se enfrentaron a golpes con seguidores del sacerdote. La custodia policial dispuesta en el lugar intervino y detuvo a dos jóvenes.
La investigación judicial se inició en octubre de 2002 luego de que un canal de televisión local transmitió una investigación periodística en la que tres jóvenes denunciaron haber sido abusados por Grassi en la sede de la Fundación Felices los Niños en la localidad de Hurlingham, al noroeste de Buenos Aires, donde funcionaba un albergue para menores sin familia o de bajos recursos.
El caso causó conmoción no sólo por su condición de sacerdote sino también por el alto perfil público de Grassi, famoso por sus obras de caridad y por su fundación –creada por él mismo en 1993–, que administraba varios hogares para niños en todo el país y solía recaudar fondos a través de concursos en destacados programas de televisión.
En la única pericia psiquiátrica a la que aceptó someterse Grassi, el sacerdote fue definido como poseedor de «características y rasgos conductuales similares a los de los delincuentes sexuales». Pero el cura siempre insistió en su inocencia, incluso luego de conocerse la condena.
«La condena es injusta», dijo el sacerdote. «Esto es terrible, no lo esperaba en absoluto».
Grassi es el tercer miembro de la Iglesia Católica argentina en ser condenado por delitos sexuales. En noviembre de 2004, un tribunal de la provincia de Buenos Aires condenó a ocho años de prisión al cura Luis Sierra por el abuso sexual de tres menores que oficiaban como monaguillos en la parroquia en la que estaba asignado. Tres años después, el cura Mario Napoleón Sasso fue condenado a 17 años de prisión por el abuso sexual de cinco niñas que asistían a un comedor comunitario que dependía de su parroquia, también en la provincia de Buenos Aires.
En tanto, en septiembre de 2002 el arzobispo de la ciudad de Santa Fe, monseñor Edgardo Storni, debió renunciar a su cargo tras ser acusado de abusar de seminaristas y jóvenes sacerdotes. El caso nunca llegó a los tribunales.
«La autoridad eclesiástica no suele emitir juicio ni comentario alguno sobre la actuación de la justicia civil en casos en los que están involucrados miembros del clero, ya que la Iglesia acata… el veredicto de la justicia civil», informó la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).