BOGOTA — Un general retirado y ex director de la policía secreta se entregó el martes a las autoridades para enfrentar las imputaciones que le hace la Fiscalía sobre su presunta participación en el asesinato en 1989 del candidato presidencial Luis Carlos Galán.
El general Miguel Maza Márquez se presentó voluntariamente unas horas más tarde que un fiscal de la unidad de derechos humanos dictó la medida contra el militar al que sindicó del delito de homicidio agravado.
Después de someterse a la autoridad, agentes de la Fiscalía trasladaron a Maza a un sitio de reclusión que no fue precisado, dijo a la AP la oficina de prensa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o policía secreta.
Galán, de 45 años, dirigente del movimiento político Nuevo Liberalismo, fue asesinado por sicarios, al parecer contratados por narcotraficantes en la plaza principal de la localidad de Soacha, a pocos kilómetros al sur de Bogotá, durante una nutrida manifestación política el 18 de agosto de 1989.
El político prometía librar una guerra frontal contra el narcotráfico si llegaba a la presidencia y en represalia las mafias ordenaron aniquilarlo.
Maza Márquez, fue vinculado a la investigación del asesinato de Galán hace un mes, cuando el entonces fiscal general Mario Iguarán, encontró que había méritos suficientes para llamarlo a indagatoria.
El general retirado ha rechazado tener vinculación al caso y mantiene que él mismo fue víctima, en al menos dos distintos atentados del fallecido capo de las drogas Pablo Escobar Gaviria, abatido por la policía en diciembre de 1993.
En una entrevista con la AP en julio, Maza Márquez desestimó uno de los señalamientos que se hacían en su contra, incluso por parte de parientes de Galán, era que poco antes del asesinato, el DAS ordenó el cambio de escoltas del candidato presidencial. Maza Márquez aseguró que el cambio fue solicitado por el propio Galán.
La Fiscalía estudia la manera jurídica de no permitir que prescriba la investigación por la muerte de Galán. Según la ley colombiana los procesos judiciales penales prescriben a los 20 años.
Al momento del asesinato Maza Márquez era director del DAS.
