CARACAS (AP) — El presidente Hugo Chávez solicitó el viernes la pena máxima de 30 años de cárcel para la jueza que liberó a un empresario que era procesado por el otorgamiento irregular de dólares.
Chávez cuestionó duramente, en cadena de radio y televisión, la decisión que emitió la víspera la jueza María Lourdes Afiuni, al otorgar libertad provisional al empresario Eligio Cedeño, quien estaba detenido desde febrero del 2007 a la espera de sentencia.
Poco después de emitir la decisión la jueza Afiuni fue detenida por la policía política.
«Exijo dureza contra esa jueza (Afiuni)… pena máxima a esa jueza, 30 años de prisión pido a nombre de la dignidad de este país», dijo el mandatario al comentar que era «triste e indignante» que un juez libere a «delincuentes».
Chávez indicó que sería necesario que la Asamblea Nacional legisle sobre las sanciones para los jueces que actúen como la jueza Afiuni.
«Habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un juez que libere a un bandido que el bandido mismo. Es infinitamente grave para la República, más grave que un asesinato», agregó.
El gobernante denunció que Afiuni «no le comunicó nada a ningún fiscal, mandó por el preso, lo metió en el tribunal y lo sacó por una puerta de atrás, se fugó».
La fiscal general Luis Ortega Díaz criticó a la jueza alegando que realizó la audiencia sin presencia del Ministerio Público, e indicó que en ese caso podría haberse cometido el delito de «agavillamiento», que implica el concurso de varias personas para cometer un delito.
Vicente Puppio, abogado de Cedeño, afirmó que la decisión de Afiuni fue «absolutamente legítima» y aseguró que desconoce el paradero del empresario.
«Llamo al Ministerio Público a la cordura… fue una decisión jurisdiccional que tiene unos trámites. Si la quiere objetar vaya a la Sala de Apelaciones, las leyes nuestras son muy claras», dijo Puppio en un comunicado de prensa.
Abogados y familiares de Cedeño repetidamente habían denunciado que al empresario se le violaron sus derechos humanos por estar confinado a una celda durante dos años sin una sentencia firme.
Cedeño fue acusado por ayudar al Consorcio Microstar a obtener 27 millones de dólares de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para adquirir unos supuestos equipos de computación que nunca entraron al país, acción que violó el control de cambios que está vigente desde el 2003, según informó el Ministerio Público.
