BOGOTA — El congreso aprobó el martes una ley que permitirá la reparación económica a las víctimas del conflicto colombiano, aunque con normas por debajo de las expectativas tanto de opositores como de activistas.
La ley fue aprobada por 81 votos a favor y cuatro en contra, en medio de airadas discusiones entre varios de los legisladores.
El proyecto, presentado al congreso a fines del 2007 por legisladores del opositor Partido Liberal, contempla entre otras medidas la ayuda humanitaria, restitución de tierras e indemnización económica.
Uno de los asuntos que mayor inconformismo ha generado en los opositores y activistas es lo que denominan una «discriminación» de las víctimas introducida por oficialistas.
Los opositores querían un texto que abarcara a todas las víctimas –tanto de grupos de armados ilegales como de agentes del Estado– pero los legisladores oficialistas incluyeron un aparte en el que sólo se reconocerá una reparación para víctimas de policías o militares cuando exista una sentencia judicial.
El representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal de oposición, aseguró a la prensa que se trató de «una salvajada legislativa. No quisieron discutir ni uno solo de los artículos».
Su copartidario, el senador Juan Fernando Cristo, ponente de la ley, dijo que el «gobierno ha viciado el proyecto hoy (martes) para hacerlo totalmente inviable, al no discutirlo».
El ponente de la iniciativa en la Cámara de Representantes, Jorge Humberto Mantilla, del Partido Conservador precisó a reporteros que tenía que «haber una sentencia judicial, porque no es razón del Estado producir víctimas».
Según la determinación de los legisladores, las víctimas de grupos armados ilegales serán indemnizadas por vía administrativa y para ello tendrán que acreditar la causa por la cual son víctimas de la guerrilla o los paramilitares, mientras que las víctimas por agentes del Estado tendrán que demandar al mismo ante un juez, que en última instancia será quien decida si tiene o no derecho a una indemnización y su monto.
Una sentencia judicial en Colombia, fácilmente puede demorar entre 10 y 15 años, en opinión de expertos.
El trámite de acreditación para la reparación, según la norma, no puede exceder los 18 meses.
En el país no existe una base de datos que confirme cuántos han sido las víctimas del conflicto que llega casi a los 50 años.
Cálculos de agentes estatales consideran que en los próximos diez años el Estado tendrá que desembolsar unos 3.000 millones de dólares en indemnizaciones a víctimas del conflicto.
El proyecto irá ahora a conciliación entre una comisión de ambas cámaras y posteriormente pasará a la Corte Constitucional que determinará si hubo o no vicios en el trámite y no contraviene la carta política.