Por CARLA SALAZAR
LIMA (AP) — El pleno del Congreso aprobó el miércoles la suspensión por tiempo indefinido de un cuestionado decreto que provocó un levantamiento indígena que dejó 32 muertos en la selva amazónica, pero desestimó su derogatoria.
Por 57 votos a favor, 48 en contra y una abstención el legislativo aprobó suspender indefinidamente la vigencia del decreto legislativo 1090 –sobre ley forestal y de fauna silvestre– cuya derogatoria exigen los nativos amazónicos por considerar que permiten la venta a multinacionales petroleras y gasíferas de las tierras que han habitado históricamente.
Para el presidente Alan García, «está consagrada la propiedad de 12 millones de hectáreas (de bosques) para 400.000 nativos, que es bastante».
Los decretos fueron dictados por el ejecutivo el año pasado para cumplir exigencias del tratado de libre comercio con Estados Unidos vigente desde febrero. El congreso optó por suspender el decreto en un intento de apaciguar a los indígenas y dar tiempo para la búsqueda de una solución al problema.
El viernes, los indígenas chocaron con la policía en la región Amazonas, a 730 kilómetros al norte de Lima, donde murieron 23 agentes –siete de ellos por heridas de lanzas– y al menos 9 civiles durante una operación policial para despejar una carretera bloqueada por los nativos para presionar a que el gobierno cumpla con sus exigencias.
«Queremos dirigirnos a la comunidad internacional para denunciar el maltrato y el desprecio que se siente por las comunidades nativas», dijo el legislador Roger Nájar, del partido Nacionalista, que apoya a los indígenas, tras la sesión.
La votación tuvo apoyo de la mayoría oficialista del Partido Aprista, y los también derechistas partidos de Unidad Nacional y Alianza por el Futuro, del ex presidente Alberto Fujimori.
«Su congreso los ha escuchado, su congreso ha establecido una opción y esa opción es que los decretos legislativos 1090 y 1064 no están más vigentes», dijo el legislador fujimorista Rolando Souza, al hacer un llamado a los nativos para que suspendan sus medidas.
La noticia no fue bien recibida por AIDESEP, la principal organización indígena. La vicepresidenta de la agrupación, Daisy Zapata, comentó por teléfono a la AP, que «estaban muy preocupados con los congresistas que habían permitido la suspensión y no la derogación del decreto legislativo 1090».
«Se han burlado de los pueblos indígenas y estamos consultando a las 8 organizaciones regionales que conforman nuestra agrupación para tomar una decisión», añadió.
El jueves, los indígenas, sindicatos y organizaciones de izquierda realizarán una protesta nacional.
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, anunció que las fuerzas armadas respaldarán a la policía para garantizar el orden el jueves.
García dijo antes de la votación del Congreso que «un país que está marchando bien, si se deja vencer por pequeños grupos que no representan lo más avanzando en el país, entonces es un país que está condenado a detenerse o retroceder».
Condenó la muerte de los policías al decir que «es un crimen que no puede quedar olvidado ni impune».
La protesta de los nativos se inició el 9 de abril con bloqueos de carreteras que no han cesado.
«Nos enfurece por la burla que hace (García) a nuestro país, la derogatoria no quiere dar, no sabe cómo sancionar a los dirigentes (indígenas), a todos los dirigentes los están investigando», dijo a Canal N en Yurimaguas el nativo Segundo Pizango.
El líder indígena Alberto Pizango recibió el asilo político de Nicaragua tras ser acusado por el gobierno por sedición, conspiración, rebelión y motín.
García dijo que Perú como país democrático aceptaba la decisión del gobierno nicaragüense.
