Por JESSE J. HOLLAND
WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó el lunes su nueva judicatura con su primera integrante hispana, la juez Sonia Sotomayor, analizando el caso de cuánto tiempo debe durar la protección de un sospechoso que pide la presencia de un abogado en sus interrogatorios.
El tribunal supremo, que escuchó los alegatos iniciales de la sesión, lució escéptico ante los argumentos de la defensa de que no se debería permitir que la policía hable con un sospechoso sin la presencia de un abogado, debido a la posibilidad de que éste haya pedido uno en casos previos, relacionados e inclusive sin relación, años atrás.
Michael Shatzer fue arrestado por abuso sexual de su hijo de tres años en 2003, después de ser interrogado por la policía.
Cuando Shatzer se negó a hablar con la policía y pidió un abogado, el interrogatorio fue interrumpido y el caso fue desechado, pero en 2006, cuando su hijo creció y pudo dar detalles, Shatzer se incriminó en declaraciones a la policía y fue hallado culpable.
Los tribunales de menor instancia, sin embargo, desecharon su confesión porque ya había pedido un abogado cuando fue interrogado inicialmente en 2003.
El juez Samuel Alito le preguntó a la abogada de Shatzer, Celia Davis, si su interpretación de la ley indicaba que la policía no podía hablar con un sospechoso que había pedido un abogado cuando se le interrogaba por robar servicios de conexión a internet en 1999, pero que es arrestado por homicidio en 2009.
«Sí, se aplica», respondió la abogada.
«¿No le parece que esa es una aplicación ridícula de la ley?», le preguntó Alito.
Davis dijo que el pedido de contar con un abogado debería aplicarse aún si 40 años después se sospecha de la persona en un caso de violación de los derechos civiles relacionados con el homicidio.
«¿Usted dice que por 40 años debe estar inmune de ser interrogado por la policía?», le preguntó Sotomayor, en su primer caso en esa magistratura.
Los magistrados escucharán los alegatos de otro caso a fin de año, sobre las estrictas leyes locales y estatales de control de armas hasta fines de abril y emitirán sus decisiones hasta fines de junio.
Agencia AP.