Por JESSE J. HOLLAND
WASHINGTON — La Corte Suprema decidió el lunes permitir que el gobierno de Barack Obama envíe al ex dictador panameño Manuel Noriega a Francia para enfrentar cargos por lavado de dinero.
El tribunal se negó el lunes a oír una apelación de Noriega, quien quería ser enviado de regreso a su país después de completar en Estados Unidos su sentencia por cargos de drogas.
Sin embargo, jueces federales rechazaron las afirmaciones de Noriega de que los tratados de la Convención de Ginebra relativos a prisioneros de guerra requieren que sea devuelto a Panamá.
La mayoría rechazó la apelación sin comentarios, pero los jueces Clarence Thomas y Antonin Scalia dijeron que hubieran oído la apelación con el fin de ayudar a decidir cuál es la ley para prisioneros de guerra en cárceles de Estados Unidos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, en un comunicado divulgado el lunes, dijo que tomaría en cuenta el dictamen de la Corte Suprema estadounidense para «su análisis y acciones posteriores».
En Panamá, Noriega fue condenado en ausencia en al menos cinco casos, incluyendo el homicidio del médico guerrillero Hugo Spadafora en 1985, el fusilamiento del mayor Moisés Giroldi y otros ocho militares que lo acompañaron en una rebelión en 1989 que intentó derrocar a Noriega.
El ministerio reiteró que el gobierno panameño sigue atentamente el desarrollo de las tres solicitudes de extradición que ha interpuesto Panamá ante Estados Unidos, la primera de ellas en 1990.
Panamá «mantiene su posición» de que Noriega «debe cumplir las sentencias dictadas por las autoridades panameñas y enfrentar los procesos pendientes», señaló la cancillería.
Los estadounidenses invadieron Panamá a fines de 1989 y derrocaron a Noriega. Este fue llevado a Miami para enfrentar un juicio, fue condenado por drogas en 1992 y declarado prisionero de guerra por el juez William Hoeveler.
El argumento del ex general se centró en los tratados de la convención relativos a la repatriación de prisioneros de guerra después de la conclusión de los conflictos.
Noriega, de 75 años, fue reconocido como prisionero de guerra por el juez Hoeveler poco después de su condena por narcotráfico y cargos relacionados.
Por su parte, uno de los abogados de Noriega en Panamá, Julio Berríos, calificó la decisión de la Corte Suprema estadounidense como «política». De haberse aplicado «en estricto derecho el conocimiento de la situación del general Noriega no había otro camino que enviarlo a Panamá», en donde es solicitado dijo, el abogado a The Associated Press
Berríos, quien también es profesor universitario y ex asesor de asuntos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró sus criticas a las autoridades panameñas porque considera que no se han esforzado en lograr la extradición de Noriega.
El jurista sostuvo que el fallo desconoció acuerdos como la Convención de Ginebra y el tratado de extradición vigente entre Panamá y Estados Unidos. Estos acuerdos «los ha tirado a la basura la Corte Suprema de Justicia en un fallo de tipo político», dijo
La sentencia por drogas contra Noriega concluyó el 9 de septiembre del 2007. Unas pocas semanas antes, Estados Unidos respaldó el pedido de extradición de Francia para juzgarlo por lavado de dinero.
El ex dictador fue condenado en ausencia por el lavado de tres millones de dólares en dinero de las drogas, pero Francia accedió a someterlo a un nuevo juicio.
Noriega permanece en la misma prisión de Miami donde cumplió su sentencia. Las autoridades prometieron no extraditarlo hasta que se agoten sus apelaciones.
(AP)
