Por ANDREA RODRIGUEZ
LA HABANA (AP) —Por primera vez desde que el presidente Raúl Castro tomó el gobierno no disminuyó la cantidad de presos políticos, con 208 encarcelados por esas razones, según un reporte semestral de una organización no gubernamental dirigida por un disidente. La cifra del informe previo fue de 205.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDDHHyRN), dirigida por el opositor Elizardo Sánchez, denunció que persiste la política del gobierno de realizar detenciones cortas de disidentes para tratar de amedrentarlos, de las cuales registró unos 532 casos.
«Quienes esperaban (tras el ingreso del presidente Raúl Castro) que las promesas de ‘cambios estructurales y conceptos’ se reflejaría positivamente en la esfera de los derechos humanos sufrieron una decepción», indicó el informe que abarca el primer semestre del 2009.
El gobernante tomó el poder de manera definitiva en febrero del 2008, luego de un año y medio de ejercer la magistratura interinamente debido a la enfermedad que alejó del gobierno a su hermano Fidel Castro.
La CCDDHHyRN había reportado 234 presos para febrero de 2008, en agosto de ese año fueron 219; seis meses después 205.
La tendencia a la baja se mostraba «sostenida» desde hacía décadas, comentó a la AP, Sánchez en conversación telefónica con AP.
Debido a la falta de acceso a los datos oficiales, Sánchez recopila su información a través de familiares de los mismos afectados.
«El hecho de que no haya disminuido el total de los presos políticos refleja la situación de parálisis e indiferencia del gobierno de Cuba», manifestó el reporte, una copia del cual fue entregada a la AP.
Entre los nuevos ingresos de disidentes en las cárceles, el informe mencionó a Darsi Ferrer, un médico que convocó en diciembre sin éxito a manifestaciones por el día internacional de derechos humanos, quien fue arrestado a mediados de julio.
Sánchez aclaró que este opositor está siendo procesado bajo la figura de «receptación» (adquirir productos desviados o robados al Estado), aunque según el activista se trata de una «formalidad» pues en realidad las autoridades solo buscaban «sacar de circulación» a Ferrer.
El listado anexo ofrecido por la CCDDHHyRN incluyó a nueve disidentes que se encuentran en «licencia extrapenal» (excarcelados) por razones de salud y pertenecen a un grupo de 75 sentenciados a penas de prisión en 2003.
Unos 20 de ellos fueron liberados por estas razones y uno más concluyó su pena a comienzo de año, pero el informe solo agregó a quienes permanecen en el país y no emigraron.
Según las autoridades, los disidentes presos no son en realidad opositores, sino «mercenarios» al servicio de la política hostil estadounidense contra Cuba en su afán de lograr un cambio en su sistema comunista.
También contiene el informe, el nombre de dos salvadoreños condenados a penas de muerte luego de haber confesado su autoría en una serie de bombazos en hoteles de La Habana en 1997 –con la participación intelectual y financiamiento de grupos anticastristas del exterior– que ocasionaron un muerto y varios heridos.