Por DEVLIN BARRETT
WASHINGTON — Los inmigrantes indocumentados que enfrentan una posible deportación de Estados Unidos tendrán automáticamente el derecho a un abogado capacitado, resolvió el miércoles el gobierno del presidente Barack Obama.
El gobierno derogó una norma aprobada por su antecesor George W. Bush en sus últimos días en el poder, que privaba de ese derecho a los candidatos a deportación.
El secretario de Justicia Eric Holder dijo que anulará la orden emitida por su antecesor Michael Mukasey y dará instrucciones al departamento para que determine si se necesita una nueva norma.
Mukasey había emitido una decisión en enero para señalar que la Constitución no otorga a un candidato a la deportación el derecho de apelar con el argumento de que su abogado no hizo bien su trabajo.
Los grupos defensores de los inmigrantes ilegales habían criticado esa decisión.
El presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, Charles Kuck, consideró la medida «el principio de la restauración del proceso debido en el sistema de inmigración».
Kuck dijo que la decisión de Holder «reconoce que no podemos tratar a los inmigrantes (indocumentados) de forma diferente a la nuestra si esperamos recibir los mismos beneficios que brinda la constitución».
Los grupos activistas criticaron la decisión de Mukasey, por considerar que los inmigrantes objeto de deportación son particularmente susceptibles a los impostores que afirman trabajar legalmente en su nombre.
Holder dijo en una declaración que Mukasey no permitió suficientes comentarios púbicos sobre el tema.
«La integridad de los procedimientos de inmigración depende en parte de la capacidad para afirmar argumentos de deficiente asistencia legal», dijo el secretario de Justicia. «Es importante que el publico estadounidense tenga la oportunidad de participar en la formulación de nuestros procedimientos en esta área».
Al mismo tiempo, Holder concordó con las conclusiones de Mukasey en tres casos específicos de inmigración que le llevaron a adoptar esa decisión.
El fallo de Mukasey ocurrió después que varios indocumentados dijeron haber recibido deficiente asesoría legal y solicitaron la reapertura de sus casos tras haber recibido orden de abandonar el país emitida por un juez de inmigración.
Los tribunales de inmigración no llevan cuenta de cuántos indocumentados pide la reapertura de sus casos alegando inadecuado asesoramiento legal.
