Por JORGE SAINZ
MADRID — La cancillería española comunicó el jueves que las autoridades venezolanas dieron acuse de recibo por vía oficial del auto judicial que acusa al gobierno de Hugo Chávez de amparar una alianza entre el grupo vasco ETA y la guerrilla colombiana de las FARC.
El Ministerio de Exteriores español dijo que tras el acuse de recibo queda cumplimentada la fase diplomática de colaboración entre los dos países y que ahora corresponde a los responsables judiciales de España y Venezuela concretar dicha colaboración en caso de que se detuviera a alguno de los 12 sospechosos que figuran en el auto.
«En el día de hoy (jueves) ha tenido entrada en este Ministerio el acuse de recibo de las autoridades venezolanas del auto del juez Eloy Velasco, que había sido remitido por vía diplomática a través de la embajada de España en Caracas», dijo la cancillería en un comunicado.
El pasado 1 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco hizo público un polémico escrito en el que acusa al ejecutivo de Chávez de colaborar con ETA y las FARC.
Según el escrito de Velasco, miembros de ETA y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia conspiraron para cometer atentados en Madrid contra el presidente colombiano, Alvaro Uribe, y su antecesor en el cargo Andrés Pastrana y compartieron entrenamiento en la selva venezolana con la connivencia de Chávez.
Caracas negó los señalamientos de Velasco, que provocaron un choque diplomático entre España y Venezuela. Después de un prolongado cruce de declaraciones a uno y otro lado del Atlántico, los dos gobiernos se comprometieron a esclarecer los hechos.
En el auto, Velasco imputó a 12 personas —seis activistas etarras y seis de las FARC— varios delitos de terrorismo y cursó una orden internacional para su detención. Tanto ETA como las FARC son organizaciones consideradas terroristas por la Unión Europea.
La mayoría de los sospechosos, según el magistrado, se encuentran en Cuba y Venezuela o en paradero desconocido. Si finalmente son localizados y detenidos, el juez debería solicitar al gobierno español que iniciara los trámites para su extradición.
Según las autoridades venezolanas, un grupo de unos 30 vascos llegó al país en calidad de refugiados políticos y en varias etapas entre 1984 y 1993 bajo los gobiernos de los presidentes socialdemócratas Jaime Lusinchi (1984-1989) y de Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993).
Desde mediados de la década de 1990, y de manera recurrente, la justicia española ha imputado a algunos de ellos por delitos que van desde asesinatos hasta robo y tenencia de armas. No obstante, por falta de pruebas, Venezuela ha rechazado repetidamente anteriores solicitudes españolas de extradición.
Caracas y Madrid tienen un acuerdo de extradición que data de 1989.
(AP)
