Por E. EDUARDO CASTILLO
MEXICO — Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos exigieron el jueves al gobierno mexicano una compensación para la indígena otomí que pasó tres años en prisión bajo cargos de secuestro y que fue liberada luego que las autoridades admitieron «dudas» sobre su culpabilidad.
«Estoy muy contenta porque ya estoy libre», dijo el jueves a la prensa la indígena Jacinta Francisco Marcial, un día después de haber dejado la cárcel desde la que atrajo la atención nacional e internacional por irregularidades en un proceso penal por la que fue sentenciada a 21 años de prisión.
«Yo ni sabía qué era secuestro», recuerda la mujer otomí de 46 años, originaria del estado central de Querétaro, y quien aprendió español en la cárcel a la que entró en 2006 y en donde «yo no dejaba de llorar» porque nadie le creía que era inocente.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), que asumió su defensa, y la organización Amnistía Internacional (AI) celebraron su liberación, pero señalaron que ahora las autoridades deben repararle el daño causado y sancionar a los responsables de lo que calificaron como un «injusto» encarcelamiento.
El director de AI en México, Alberto Herrera, dijo que el caso de Marcial es «un emblema de cómo funciona el sistema de impartición de justicia», en el que se procesa a indígenas «por motivos de conciencia e identidad».
La directora adjunta de AI en las Américas, Kerrie Howard, señaló la importancia de una compensación apropiada.
«Nada le devolverá los tres años que perdió pero es esencial que aquellos responsables de esta injusticia sean presentados ante la ley y que ella reciba una compensación apropiada», dijo.
Andrés Díaz, abogado del Centro Prodh, señaló que aún evalúan si su organización iniciará un proceso legal contra las autoridades judiciales y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Marcial fue acusada de secuestrar en marzo de 2006 a seis agentes federales que participaron en un operativo contra el tráfico de drogas y la piratería en un mercado público de Santiago Mexquititlán, un poblado del estado de Querétaro y a más de 190 kilómetros al noroeste de la ciudad de México.
Una de las pruebas para acusar a la indígena, una vendedora de agua de sabores, fue una fotografía de un diario local en la que apareció el día del operativo, aunque al paso de los meses su defensa demostró la inconsistencia de las pruebas y diversas contradicciones en los testimonios de los agentes.
Francisco Marcial, acompañada de su esposo y dos de sus hijos, comentó que volverá a vender agua para reanudar su vida en libertad.
«Sí, voy a volver (a vender agua), no tengo otra cosa qué hacer», dijo entre sollozos al recordar su vida en prisión.
En la cárcel aún permanecieron dos indígenas más, también acusadas del secuestro de los agentes.
La PGR señaló el miércoles que sólo hubo dudas en el proceso a Francisco Marcial, no así sobre las otras dos indígenas, aunque el Centro Prodh advirtió que insistirán en que también sean liberadas.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, expresó su contento porque los fiscales reconocieran sus errores, pero dijo que no sabía si Marcial recibiría alguna compensación.
«Desconozco cuáles son los trámites que vaya a seguir el asunto de Jacinta «, dijo Gómez Mont en una conferencia de prensa. «Celebro que la autoridad pueda tener esta sensibilidad, que no se juegue a esta inercia de que ‘ya que lo hicimos a ver hasta donde topamos’, y que pueda existir la capacidad de rectificar en algunos casos» agregó.
