TEGUCIGALPA — El Ministerio Público divulgó el jueves los hechos que desencadenaron en el arresto y expulsión del país hace cuatro días del depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya:
23 de marzo del 2009
En Consejo de Ministros y bajo la modalidad de conferencia de prensa por cadena nacional (de radio y televisión), el gabinete de gobierno encabezado por Zelaya emite el decreto ejecutivo PCM-05-2009 que impulsa una amplia consulta popular para instalar una cuarta urna a fin de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente.
25 de marzo
La fiscalía advierte (a Zelaya) de la consulta popular y las responsabilidades en que incurrirá al llamar a reformar la Constitución.
8 de mayo
El Ministerio Público interpone una demanda de nulidad ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo para que derogue los actos tácitos del decreto PCM-05-2009.
11 de mayo
La Fiscalía aclara sobre el ámbito de competencia del Ministerio Público en lo Contencioso Administrativo para la defensa de la Constitución.
12 de mayo
El juzgado de lo Contencioso Administrativo legitima el actuar del Ministerio Público al admitir la demanda ordinaria de nulidad.
20 de mayo
La Procuraduría General de la República (PGR) se pronuncia a favor de las gestiones de la fiscalía (para anular lo actuado por Zelaya).
27 de mayo
El juzgado de lo Contencioso Administrativo resuelve la sentencia interlocutora a favor del Ministerio Público.
25 de junio
El gobierno publica en el diario oficial La Gaceta el decreto PCM-020-2009 en el que ordena realizar la encuesta bajo el proyecto denominado Encuesta de Opinión Pública Convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente.
26 de junio
Se decide interponer requerimiento fiscal en contra de Zelaya por varios delitos de orden público».
28 de junio
Los militares capturan a Zelaya en su residencia en la colonia Tres Caminos, al sureste de Tegucigalpa, y lo envían al exilio en Costa Rica.
La fiscalía ha anunciado que dispone de «suficientes» pruebas para encausar por 18 delitos a Zelaya, y que van desde traición a la patria hasta la no aplicación de 80 leyes aprobadas por el Congreso.
Agencia AP.
