BOGOTA (AP) — El gobierno del presidente Alvaro Uribe se quejó de que funcionarios fueron «calumniados» y sus relaciones con otros poderes sufrieron «gravísimos daños» por la cobertura de algunos medios locales a un escándalo de espionaje denunciado en el organismo de inteligencia de la Presidencia.
«La transmisión del canal RCN produjo gravísimos daños a la integridad moral de los funcionarios calumniados y de sus familias, a la armonía entre las instituciones del estado colombiano y a su gobierno», expresó César Mauricio Velásquez, vocero de la Presidencia, al leer un breve comunicado en la casa de gobierno.
El canal RCN en su emisión de noticias de la noche dijo en un comunicado de tres puntos que había publicado «la noticia de la declaración de Jorge Lagos (ex director de contrainteligencia de la policía secreta) con base en información suministrada por fuentes cercanas a la investigación».
Asimismo aseguró que «el canal RCN no tiene ni ha tenido ningún interés en alterar la armonía entre las instituciones del Estado y del gobierno». También señaló que «RCN no dijo que Lagos había declarado que funcionarios del gobierno estaban implicados en interceptaciones ilegales».
El comunicado oficial salió al paso de reportes divulgados la semana pasada en medios locales, entre ellos el canal de televisión RCN, asegurando que cercanos consejeros del presidente estarían implicados en interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, políticos opositores, periodistas e incluso jefes policiales y funcionarios oficiales.
Los informes periodísticos motivaron a que la Corte Suprema de Justicia, con maltrechas relaciones con el gobierno de Uribe debido a divergencias sobre diferentes procesos judiciales, pidiera el jueves en un comunicado que el gobierno aclare si las conversaciones y los movimientos bancarios de algunos de sus 23 magistrados fueron interceptadas ilegalmente por la policía política.
El gobierno niega haber ordenado al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), o policía política que depende directamente de la Presidencia, seguir a los magistrados u otras personas.
La nota oficial destacó que otras versiones periodísticas, como una publicada el lunes por el diario El Tiempo resaltaban que ex funcionarios del DAS, como su ex director de contrainteligencia y el ex director de inteligencia, Jorge Lagos y Fernando Tabares, afirmaron al rendir declaración en la Fiscalía General que «nunca recibieron instrucciones de la presidencia para realizar seguimientos ilegales».
El Tiempo es un rotativo que pertenece en un 45% a la familia Santos, entre cuyos miembros están el vicepresidente Francisco Santos, el resto de acciones del periódico es del Grupo Planeta desde el 2007.
El escándalo de las interceptaciones estalló en febrero cuando la revista Semana afirmó que desde el DAS se escuchaba ilegalmente conversaciones de magistrados, opositores, reporteros e incluso jefes policiales.
El informe periodístico desembocó en que la Fiscalía General allanara en febrero mismo las tres salas de escuchas telefónicas del DAS, cuya dirección destituyó a lo largo de los días siguientes a más de 30 funcionarios, entre ellos los jefes de inteligencia y contrainteligencia del organismo.
