Por AMY TAXIN
LOS ANGELES — Defensores de los derechos de los indocumentados dicen que el gobierno federal de Estados Unidos ha violado sus propias normas en la detención de inmigrantes sin papeles al dificultar tanto su defensa en las cortes como sus esfuerzos para permanecer en el país.
Un informe difundido el martes dice los detenidos tienen poco acceso a los teléfonos, el correo y las bibliotecas jurídicas, en violación de las pautas federales.
Las conclusiones se basan en más de 18.000 páginas de documentos, según los cuales las cárceles del país limitan el acceso de los detenidos a los materiales jurídicos y los transfieren sin la debida notificación.
«Nuestro temor deriva de la profunda confianza en que, dentro del sistema de justicia estadounidense, tarde o temprano se sabrá la verdad y los individuos que tienen casos meritorios se verán beneficiados», dijo Karen Tumlin, abogada del Centro Jurídico Nacional de Inmigración y coautora del informe.
«No podemos tener fe en que esa afirmación se verificará en el monstruoso sistema de inmigración», agregó.
El estudio se basó en las actas de inspección de decenas de prisiones por parte de la agencia de inmigración y aduanas ICE, el Colegio de Abogados de Estados Unidos y el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados entre 2001 y 2005.
Abogados defensores de los indocumentados han denunciado durante años que la atención médica en las cárceles es deficiente y que la transferencia frecuente de sus clientes dificulta su defensa.
Dora Schriro, asesora especial del secretario de Seguridad Interior sobre detención y traslado, dijo que el estudio era exhaustivo pero que estaba desactualizado en vista de la reforma de las pautas de detención y los procedimientos de inspección del gobierno.
«Es una prueba contundente de mejoras en marcha, al mirar atrás y reconocer que estos problemas y el gobierno no son estáticos y que las cosas cambian», dijo Schriro, quien se negó a opinar sobre hechos anteriores a su gestión, iniciada este año.
La detención ha aumentado en los últimos años y el gobierno federal tiene en sus cárceles unos 32.000 detenidos en promedio, en un momento dado. En los últimos cuatro años, el presupuesto para indocumentados presos se ha duplicado a 1.700 millones de dólares, según la ICE.
Algunas conclusiones del informe, que estudió las condiciones en cárceles donde se aloja el 67% de los indocumentados presos:
—19 de las 138 prisiones estudiadas por la ICE en 2004 y 2005 no tenían recreación al aire libre.
—13 de esas prisiones violaban las normas que permiten llamar a cortes, abogados y consulados.
—24 de esas prisiones carecían de biblioteca jurídica.
Los autores recomiendan que las pautas de detención deben ser de cumplimiento obligatorio. Exhortan al gobierno a publicar los informes de inspección y facilitar a familiares y abogados el conocimiento del paradero de los presos.
Agencia AP.
