WASHINGTON (AP) — El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, señaló el miércoles que el retorno sin una amnistía política del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, significaría «un infierno de demandas».
Durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA a su regreso de Honduras, Insulza indicó que «la amnistía para lo propiamente político no debería ser una dificultad», pues está contemplada en la constitución de Honduras y es algo que opina podría manejarse.
El canciller costarricense Bruno Stagno, que formó parte de la comisión, dijo en rueda de prensa en San José que encontraron «diferentes interpretaciones sobre la Constitución hondureña, por ejemplo sobre la amnistía, la propia Constitución la incluye en su artículo 205 como una facultad del Congreso, pero notamos una enorme resistencia al tema de sectores afines al presidente de facto (Roberto) Micheletti».
Explicó que de los 12 puntos que componen el Acuerdo de San José, planteado hace poco más de un mes por el presidente Oscar Arias, solo dos mantienen sin avance el diálogo: la amnistía política y la restitución de todos los poderes a la situación antes del golpe, lo que representa el retorno de Zelaya al poder.
Señaló que los grupos en el gobierno actual «insisten en que la destitución (de Zelaya) fue legítima, pero esa es una lectura de hechos no avalada por la comunidad internacional, que no se manifestó satisfecha con la reiteración de Micheletti de que apoya el Acuerdo de San José en un 85%».
Insulza dijo que durante la reunión con Michelleti, éste reconoció que hubo un «grado de error» en sacar a Zelaya del país durante el golpe, que debió haber permanecido en Honduras.
«No encontramos a nadie que estuviera de acuerdo con el retorno», dijo Insulza, al tiempo que agregó que el ambiente general entre ellos era de «¿Por qué nos quieren hacer esto?».
Sin embargo, indicó que hubo algunos sectores que, con condiciones, estarían abiertos a discutir el retorno del depuesto presidente y que excepto los grupos más «recalcitrantes» el ambiente fue satisfactorio.
Stagno indicó el Consejo Permanente de la OEA analizará el lunes las medidas adicionales que podría tomar el organismo, cita a la que acudirá Zelaya, con quien la comisión conversó el mismo martes y éste reiteró su apoyo «incondicional» al plan de Arias.
Mientras tanto la comisión mediadora del gobierno de Micheletti analizaba la conveniencia de viajar a Washington esta semana para dialogar con distintos sectores sobre el informe presentado por los cancilleres.
El representante alterno de Estados Unidos, Lewis Anseelem, indicó durante la sesión que su país ha suspendido «toda ayuda no esencial» a Honduras y sostiene que el regreso de Zelaya es «indispensable».
Estados Unidos suspendió el martes la emisión de nuevas visas en Honduras y el miércoles decenas de personas llegaban a la embajada de ese país en Tegucigalpa para descubrir que habían sido canceladas sus citas de entrevista para obtener la visa.
Micheletti dijo que «respeto el derecho ellos como país. Si están en decisión de cancelar (la emisión de) las visas, lo respetamos». Se expresó confiado, sin embargo, que la no emisión de nuevas visas, junto a las demás sanciones, será temporal.
El gobierno de Guatemala desautorizó en un comunicado a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco, Eugenia Villagrán, quien aseguró el martes en Tegucigalpa que la institución que dirije participará como observadora en los comicios del 29 de noviembre en Honduras.
«El Gobierno de Guatemala desconoce a cualquier autoridad gubernamental establecida en Honduras a partir del rompimiento del orden constitucional ocurrido el 28 de junio de 2009», dijo la cancillería al tiempo que aseguró que la ley de ese país obliga a las entidades estatales a sujetarse a lo que decide el ejecutivo.