Por E. EDUARDO CASTILLO
MEXICO — El gobierno tomó la paraestatal de electricidad Luz y Fuerza del Centro (LyFC) bajo señalamientos de ineficiencia operativa y financiera, lo que desató el enojo de sus trabajadores sindicalizados, que anunciaron movilizaciones para impedir su cierre.
El presidente Felipe Calderón anunció la extinción de LyFC, la principal compañía que proporciona este servicio en la Ciudad de México, y la liquidación de sus empleados en un decreto divulgado la madrugada del domingo, unas horas después de que cientos de policías federales ocuparon con anticipación las instalaciones de la empresa para evitar sabotajes al suministro eléctrico.
«El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible: sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos», dijo el mandatario en un mensaje en cadena nacional, en el que también afirmó que para financiar las continuas pérdidas económicas se tendría que haber aumentado la tarifa de luz o incrementar los impuestos.
«Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo para salir adelante», señaló.
Calderón añadió que la mayoría del dinero que LyFC recibía en subsidios servía para cubrir privilegios del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Aún así, aseguró que se respetarán los derechos de los trabajadores, a quienes en promedio se les indemnizará con 33 meses de salario.
Afirmó que el cierre no implica su privatización y dio instrucciones para recontratar a la mayor cantidad de empleados posible, así como ofrecer capacitación a los que no sean absorbidos de nuevo para que puedan emplearse en otras labores.
Sin embargo, el SME y sus agremiados aseguraron que lucharán para impedir el cierre definitivo de la empresa.
«Hasta la muerte por defender la historia», prometió el líder del SME, Martín Esparza, frente a miles de sus agremiados que se aglutinaron en la plaza de la Revolución, en el centro de la capital, para repudiar el anuncio del cierre de la compañía.
«Han despertado al gigante del SME y ahora se aguantan», advirtió Eduardo Bobadilla, secretario del Trabajo del SME, un organismo que dice agrupar a 66.000 empleados y que convocó a una multitudinaria marcha para el jueves por calles de la capital.
El sindicato, apoyado por otros grupos sindicales y diputados federales izquierdistas, demandó al gobierno la anulación del decreto, el retiro de las fuerzas federales y la entrega de las instalaciones a sus trabajadores.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, había dicho horas antes que la paraestatal tenía pérdidas de casi la tercera parte de la electricidad que distribuía, mientras el número de trabajadores «crecía permanente y desproporcionadamente».
Luz y Fuerza del Centro suministra electricidad a más de 20 millones de personas en la Ciudad de México y algunas regiones de los estados vecinos de Hidalgo, México, Morelos y Puebla.
Las labores de la empresa intervenida serán realizadas por la Comisión Federal de Electricidad, la otra compañía paraestatal que da servicio al resto del país.
La decisión del gobierno ocurrió luego de un conflicto sindical por la negativa de unas autoridades de reconocer a Esparza como líder del SME, grupo que había acusado al Ejecutivo de intentar liquidar a LyFC para privatizarla.
«Es una porquería lo que nos hicieron; son como siempre traicioneros, el gobierno todo lo quiere privatizar. Ahorita somos nosotros, mañana va a ser Petróleos (Mexicanos, Pemex)», dijo a la AP René Rebollo, un empleado sindicalizado de mantenimiento de la paraestatal desde hace siete años.
El Ejecutivo indicó en el decreto que los costos de la empresa casi duplican a sus ingresos por ventas: Refirió que del 2003 al 2008 los ingresos ascendieron a 235.738 millones de pesos (unos 17.700 millones de dólares), mientras que los costos en el mismo periodo sumaron 433.290 millones de pesos (unos 32.500 millones de dólares).
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, dijo en rueda de prensa que el gobierno garantiza las indemnizaciones a cada trabajador, lo cual implicaría un costo global de unos 20.000 millones de pesos.
El SME señaló que con esos 20.000 millones de pesos podrían reimpulsar LyFC.
