MANAGUA (AP) — Los empresarios nicaragüenses calificaron el lunes como «un atropello a la Constitución y al estado de derecho» la reciente decisión del presidente Daniel Ortega de prorrogar por decreto el periodo en funciones de diversos magistrados, tarea que le compete a la Asamblea Nacional.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, manifestó en un comunicado del que AP recibió copia, que con la medida Ortega se atribuyó «funciones exclusivas de la asamblea nacional» e instó a que los nombramientos se realicen en «forma, plazos y procedimientos que establece la Constitución», con el fin de no entorpecer el clima de negocios en el país.
El decreto promulgado el sábado por Ortega extendió el plazo de funciones para un grupo de magistrados de los poderes Judicial, Electoral y de la Contraloría de la República, a quienes se les vence el período este trimestre.
El mandatario explicó que fue forzado a la medida ante el vacío de poder en la Asamblea Nacional, donde los grupos opositores se niegan a elegir sustitutos a esos cargos hasta tanto los poderes sean «depurados», al alegar que están controlados por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El Partido Liberal Constitucionalista (PlC) y la denominada Bancada Democrática (BDN) además solicitaron a la Fiscalía de la República abrir un proceso contra Ortega «por violación a la Carta Magna», aunque la vocera de la fiscalía, Indira Ugarte, confirmó a la AP que no han recibido aún ninguna petición.
En un boletín de prensa la BDN indicó además que «solicitará formalmente en el Legislativo la destitución de Ortega «por incapacitado para seguir gobernando el país».
La eventual incapacidad total permanente del presidente debe ser aprobada por dos tercios de los 91 diputados de la Asamblea, de acuerdo a la legislación nacional. El oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional posee 38 puestos.
La decisión de Ortega también provocó otras reacciones negativas. Gonzalo Carrión del Centro Nicaragüense de Derechos (Cnidh) manifestó que el decreto «introduce un elemento de desorden social y de mayor confrontación en este país», en tanto el vocero de la Curia Arzobispal, Rolando Alvarez, llamó a la oposición a «unirse en un frente común», al indicar que la decisión de Ortega «puede traer el caos».
