BOGOTA (AP) — La policía secreta colombiana, sumergida en un escándalo de espionaje que tiene a sus últimos cuatro ex directores vinculados a una investigación en la Fiscalía General, seguiría grabando ilegalmente a funcionarios y políticos.
Según la Revista Semana, que comenzó a circular el domingo, «nuevas grabaciones demuestran que a pesar de estar en medio del peor escándalo de su historia, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) continúa grabando ilegalmente a magistrados, congresistas y candidatos presidenciales».
Al final de la jornada el director del DAS, o policía secreta, Felipe Muñoz, dijo que tras conocerse el reportaje se había comunicado con la Fiscalía General para que «dentro del respeto a la libertad de prensa y la protección de las fuentes periodísticas», se le pida a la revista las «grabaciones y demás pruebas que señala tener» para que hagan parte de una investigación sobre espionaje iniciada a inicios de año.
Muñoz, en un comunicado de nueve puntos, no rechazó de plano que se hubieran podido producir las nuevas interceptaciones, pero dejó entrever sus dudas de la versión periodística en torno a que tales grabaciones fueran hechas con equipos que se le ocultaron a las autoridades judiciales cuando estalló el escándalo en febrero.
Semana, citando fuentes anónimas dentro del DAS, aseguró que la policía secreta mantuvo sus interceptaciones ilegales días después de que la revista revelara en febrero los seguimientos y las grabaciones ilegales.
Agregó que entre los que siguen siendo objeto de esas grabaciones ilegales están el magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, y ahora se sumó el candidato presidencial Germán Vargas.
La revelación de Semana en febrero desembocó en que la Fiscalía General allanara entonces la sede del DAS y en mayo vinculara a la investigación por el espionaje a los cuatro ex directores del organismo, Jorge Noguera, Andrés Peñate, Joaquín Polo y María del Pilar Hurtado, para que aclaren su participación en los seguimientos ilegales de comunicaciones de personalidades.
Además, 10 ex directores de inteligencia, contrainteligencia y funcionarios regionales del DAS se entregaron en julio ante la Fiscalía, que había dispuesto su captura por el delito de «concierto para delinquir» o la unión de dos o más personas para cometer crímenes, que aquí se castiga con hasta seis años de prisión.
El gobierno del presidente Alvaro Uribe ha negado haber ordenado esos seguimientos ilegales, que habrían comenzado en el 2004, y mantiene que fueron operaciones de funcionarios corruptos dentro del organismo, que depende directamente de la presidencia y surgió a fines de la década de los 50.
Los seguimientos denunciados en febrero –desde fotos de familiares, hasta balances bancarios y perfiles personales, si bebían o tenían amantes– fueron hechos a activistas de derechos humanos, periodistas y magistrados, según el expediente.
