Si bien el presidente Álvaro Uribe reconoció este fin de semana, durante un consejo comunal en Antioquia, que se cometieron errores en los decretos de la Emergencia Social y que ya se echaron para atrás cuatro normas (incluyendo la de invertir cesantías en tratamientos), las asociaciones de pacientes siguen descontentas e insisten en que los decretos deben derogarse.
El martes, las 40 asociaciones que agrupan pacientes tienen planeado realizar un plantón ante la Corte Constitucional. Pedirán a los magistrados que las medidas tomadas sean derogadas pues atentan contra el derecho fundamental a la salud.
“Pedimos la declaratoria de inconstitucionalidad, pues la emergencia se aprovechó para realizar una reforma tributaria que afectó derechos fundamentales”, comentó Dennis Silva, vocero de los pacientes.
Silva aseguró que también denunciarán ante la Contraloría la existencia de otros dos contratos relacionados con la emergencia, de los cuales el Ministerio de la Protección Social no ha hecho claridad y cuyo valor rondaría los $3.000 millones.
Para la hermana María Inés Delgado, vocera de la Asociación de Enfermos Hepáticos y Renales, la reforma a la salud puesta en marcha con los decretos se ha convertido en una colcha de retazos muy difícil de remendar.
Las asociaciones de pacientes también han programado una marcha nacional para el 18 de febrero. En Bogotá, partirá del Hospital San Juan de Dios y terminará frente al Ministerio de la Protección Social.
El espectador.Colombia
