Por FRANKLIN BRICEÑO
LIMA — La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) mostró el sábado preocupación con el trabajo del Ministerio Público debido a que «no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones graves» a civiles en los hechos que dejaron al menos 33 muertos a raíz de una protesta indígena en la zona selvática de Bagua.
En un comunicado, la FIDH indicó que «se advierte un intento de ocultamiento de los hechos (en Bagua) que no debe conducir a la impunidad de quienes han sido responsables».
Bagua se encuentra en la región de Amazonas, a 730 kilómetros al norte de Lima.
Rodolfo Stavenhagen, ex relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y miembro de la FIDH, advirtió el sábado en conferencia de prensa en Lima, que «hasta el momento llama la atención que la fiscalía no haya hecho de conocimiento público los procesos contra los responsables de las muertes de los indígenas».
El gobierno dice que hay 23 policías y 10 civiles fallecidos, además de un policía desaparecido. Los indígenas sostienen que al menos hay 30 civiles muertos.
El mexicano Stavenhagen, que viajó hasta Bagua para informarse sobre los hechos, dijo que «hasta la fecha no se ha visto un informe de la policía sobre el operativo desarrollado en Bagua».
«Lo hemos pedido pero no parece existir y eso constituye en sí el inicio de un cuadro de violaciones a los derechos humanos de la población», añadió.
No obstante, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la región Amazonas, Oswaldo Bautista, dijo por teléfono a The Associated Press, que «sí se está realizando investigaciones contra policías, pero que hasta el momento no se ha denunciado a ninguno».
«Esa es una investigación reservada que se hará pública en algún momento», comentó.
Las protestas de los indígenas, iniciadas el pasado 9 de abril, se tornaron sangrientas cuando la policía desalojó a los nativos que bloqueaban la zona vial conocida como Curva del Diablo, en Bagua, el 5 de junio.
Hasta el sábado, había 61 civiles procesados por hechos que el Ministerio Público considera delictivos.
Una monja ecuatoriana, Elsie Monge, que también formó parte de la misión de la FIDH en Bagua, sostuvo, sin precisar casos específicos, que «preocupan los testimonios de práctica de torturas hacia los indígenas detenidos por parte de la policía».
El fiscal de Prevención del Delito de Bagua, Edwin Vásquez, dijo telefónicamente a la AP que, «se ha realizado exámenes médico legales a los indígenas detenidos y se ha determinado que ninguno ha sido torturado».
Sin embargo, el fiscal dijo «desconocer la fecha» en que tales pruebas médicas se efectuaron.
Según datos publicados en la página Web de la Defensoría del Pueblo, existen 18 nativos de sexo masculino detenidos en el penal de Chachapoyas, capital de la región de Amazonas y dos adolescentes de 16 años internados en un centro de reclusión de menores de la norteña región Lambayeque.
La FIDH también se sumó al pedido del relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien el viernes hizo un llamado a las autoridades peruanas a hacer una «investigación exhaustiva» de los hechos de violencia acaecidos en Bagua.
«Tiene que formarse una comisión integrada por personas totalmente independientes y de comprobada seriedad y honorabilidad no vinculadas a intereses políticos particulares», precisó la religiosa Monge.
El experto José Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), dijo a la AP que, «siguiendo recomendaciones internacionales como el Protocolo de Minnesota, es mejor que el estado se abstenga en investigarse a sí mismo en hechos como los ocurridos en Bagua».
El gobierno del presidente Alan García continuó presionado el sábado por dos ciudades en huelga, luego de promulgar la derogatoria de decretos cuestionados por los nativos amazónicos que consideraron que las normas permitirían la venta de sus territorios para explotación de gas y petróleo en la selva.
La derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064 –lo que se sumó a la derogatoria de otros dos decretos en agosto del año pasado– son hechos sin precedentes en Perú en que protestas sociales obligaron al gobierno a dar marcha atrás.
Agencia AP.
