Por FREDDY CUEVAS
TEGUCIGALPA — Líderes de diferentes sectores instaron a los hondureños a quedarse en casa y no participar en la consulta que el presidente Manuel Zelaya tiene previsto realizar el domingo para impulsar reformas constitucionales en Honduras, por considerarlas ilegales.
«No apoyamos eso porque es ilegal», dijo Elvin Santos, candidato presidencial del oficialista Partido Liberal, de Zelaya, a la cadena local de radio HRN. «¿Quién distribuyó los materiales y quién contará los votos? Sencillamente lo hará la gente del gobierno».
«Entonces, no hay ninguna credibilidad ni trasparencia. Se dice que debemos votar por miedo al gobierno, pero, ¡por Dios Santo!, los liberales no tenemos miedo, sólo queremos que no se atente contra nuestros principios democráticos», añadió.
Advirtió que «él (Zelaya) se está quedando huérfano del apoyo popular y del apoyo de los liberales… y eso es peligrosísimo para un presidente».
Santos participará en las elecciones generales de noviembre
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, sostuvo que «aquí hay un circo político en el cual podemos escoger entre ser espectadores, payasos o fieras. Por eso, recomiendo a la gente sensata ser simples espectadores… y el único responsable de cualquier cosa que suceda es Zelaya».
En un comunicado indicó que «con cada actuación, el presidente demuestra su propósito de hacer quedar a todos en ridículo y con sus continuadas provocaciones para mantener en inestabilidad, zozobra, duda e incertidumbre a todos, sólo él sabe adónde quiere llegar».
El obispo auxiliar de Tegucigalpa, monseñor Darwin Andino, dijo a Radio América que «la iglesia Católica y todo cristiano no respaldan la ilegítimo consulta del gobierno por ser inaceptable, y en el que está la mano del presidente (venezolano Hugo) Chávez».
Subrayó que «el país no se puede entregar al chavismo ni a nadie porque queremos seguir siendo libres e independientes… el poder es para servir y ofende a Dios el que quiere el poder para servirse».
De acuerdo a Andino «el panorama nacional no se ve claro, pero se compara con lo que se ha presentado en otros países como Venezuela, Bolivia y Ecuador».
Para Zelaya, con la consulta se logrará una «democracia participativa, no sólo representativa» que cambiaría el sistema político imperante en Honduras «que sólo defiende a los poderosos, los ricos y los banqueros y es un obstáculo para la democracia».
El resultado de la consulta no es vinculante, pero la oposición teme que a Zelaya le sirva para presionar al Congreso a convocar una legislatura Constituyente antes de los comicios generales a fin de reformar la ley fundamental y eliminar la norma que impide la reelección del mandatario.
«Pero el Congreso no aceptará eso y se agudizaría la actual crisis política», según el abogado y ex ministro de Trabajo, Germán Leitzelar. «Y no sé que podría pasar».
Señaló que «la encuesta evidencia la intención de Zelaya de mantenerse en el poder».
El aliado del mandatario y presidente del izquierdista Partido Unificación Democrática, César Ham, reveló a periodistas que el sábado el gobierno concluyó de repartir 15.000 urnas y dos millones de papeletas en el país.
Por negarse a cooperar en su proyecto destituyó el jueves al máximo jefe militar, general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia por igual motivo del ministro de Defensa, Edmundo Orellana. Sin embargo, la Corte Suprema y el Congreso restituyeron al oficial.
El fiscal general, Luis Rubí, informó que «esa encuesta no debe llevarse a cabo, es ilegal. En consecuencia, aplicaremos sanciones a quien participe en ella. Si se consuma la infracción, se encausará a los servidores públicos por abuso de autoridad y desobedecer la ley».
Entretanto, el Congreso postergó para el martes la sesión en la que conocerá el informe de una comisión especial de cinco miembros sobre la capacidad mental y administrativa de Zelaya, que constituye el primer paso para un posible relevo del mandatario.
Pero en una reciente rueda de prensa, el gobernante aseguró que el plan para declararlo incompetente «ya se conjuró… y estaba coordinado por el Congreso y las fuerzas armadas».
Jorge Bueso Arias, ex candidato presidencial del Partido Liberal, afirmó que «Zelaya busca reformar la Constitución para seguir en el poder con el apoyo financiero de Venezuela… y la reelección presidencial está prohibida aquí por el daño causado en el pasado por las dictaduras».
Destacó que «sólo Venezuela y Cuba apoyan a Zelaya, y en esos países no hay libertad ni periodistas independientes, allí sólo está la voz del gobierno». Y se preguntó: ¿Eso queremos aquí?».
Recordó que en 1933 se dio un movimiento similar en Honduras cuando el general Tiburcio Carías, del Partido Nacional, modificó la ley fundamental y se quedó 14 años en el poder.
«Por eso se blindó la Constitución para impedir la reelección presidencial y no tener más dictadores», agregó.
El principal partido opositor, el Nacional, exhortó al gobierno a formar de inmediato una comisión con representantes de todas las organizaciones del país y observadores internacionales con el fin de buscar el entendimiento.
«En estos momentos difíciles, proponemos integrar con carácter de urgencia una comisión con actores de alto reconocimiento político, jurídico, ético y social de todos los sectores nacionales y con representación internacional como un factor que contribuya a abrir el diálogo hacia una salida que construya una ruta de entendimiento», expresó el partido.
Anunció además estar dispuesto a «subordinar todas nuestras propuestas e iniciativas a los acuerdos y recomendaciones que surjan de ese gran diálogo como nuestra contribución para dar paz a la nación y la familia hondureña».
La consulta la prohibe la Constitución de 1982 porque no la supervisa el Tribunal Supremo Electoral, el único organismo estatal para hacerlo. También es rechazada por la Corte Suprema, la fiscalía general, el Congreso, la procuraduría general. Establece el delito de traición, con penas de 15 a 20 años en prisión, a los que la violen.
Zelaya termina su gestión de cuatro años el 27 de enero de 2010.
(AP)
