San Ferdinando, Italia | AFP | jueves 07/06/2018 – por Fanny CARRIER
Cabañas de plástico, basura, días agotadores y violencia. En el campo de San Ferdinando, en el sur de Italia, la realidad de los migrantes africanos está a años luz de la «buena vida» que, según el nuevo ministro del Interior Matteo Salvani, se dan.
La cosecha de cítricos y kiwis llegó a su fin en el valle de Gioia Tauro en Calabria, pero el campamento sigue siendo el hogar de varios cientos de inmigrantes que esperan conseguir algunas jornadas más de trabajo.
En el campamento persiste una gran tensión tras el asesinato, el sábado por la noche, de Sacko Soumaila, un malí de 29 años, de un disparo en la cabeza cuando recuperaba chapas en una fábrica desafectada.
Los investigadores sospechan de un pariente del dueño de la fábrica, pero para los compañeros de la víctima, el asesinato está relacionado con Salvini, el flamante y ultraderechista ministro del Interior, que pocas horas antes había dicho: «Se acabó la buena vida para los clandestinos, prepárense para hacer las maletas».
«Nos ven como animales y nos disparan como a animales», dice un hombre, al lado de un amigo de Sacko que grita su dolor, mezclando italiano y francés.
Los africanos llegados a Italia viven en medio del olor nauseabundo de la basura, en cabañas de placas de metal o de plástico, sin agua corriente ni electricidad, abrumados por el calor en verano y el frío en invierno.
En todos lados, se ven la huellas de varios incendios. En el último de ellos, en enero pasado, que destruyó la mitad del campamento, falleció una nigeriana de 26 años.
En Italia, este campamento y otros en medio de los campos de tomates de Puglia (sur) se han convertido en símbolos de la penosa situación de los migrantes, relegados a zonas donde no impera la ley.
Sin embargo, en San Ferdinando, más del 90% de los trabajadores tienen permiso de residencia legal o son solicitantes de asilo, indica la organización Médicos por los Derechos Humanos (Medu), que instala una clínica durante la temporada de la cosecha.
Tres cuartas partes de los migrantes trabajan sin contrato de trabajo y casi ninguno recibe una nómina de sus miserables salarios, 50 centavos de euro por una caja de naranjas y un euro por una de mandarinas.
La mayoría llegó a Italia hace menos de tres años, aunque algunos, como el liberiano Johnson, a quien todos apodan «Prince», están desde hace mucho más tiempo.
«Llevo 17 años en Italia, trabajé durante ocho años como albañil en Pordenone (norte) hasta que perdí mi empleo, por lo cual me instalé aquí», cuenta.
Vive en el nuevo campamento de grandes tiendas azules estampadas con la inscripción «Ministerio del Interior» instalado en agosto de 2017, a 200 metros del antiguo.
Este tiene agua corriente y electricidad y dispone de baños, duchas y una mezquita, además de una escuela para aprender italiano.
«Tratamos de hacer que la acogida sea lo más digna posible», dice Darío Nasso, de 48 años, un ex trabajador portuario que participa en la cooperativa que administra el campo con capacidad para 560 personas.
Después del asesinato de Sacko, el prefecto de Reggio Calabria, Michele Di Bari, se reunió con una delegación del campamento en la sala del ayuntamiento.
«En situaciones trágicas, puede haber tensión y tenemos que desactivarla, manteniendo el objetivo: cerrar el campo», dijo Di Bari.
«Nos explotan y no nos defienden. Nunca ha habido una ‘buena vida’ para nosotros», dice Aboubakar Soumahoro, delegado del sindicato USB, al cual estaba afiliado Sacko.
El nuevo campamento tampoco es una solución, dice Mamadou Dia, de la ONG Medu.
«¿Por qué insisten en instalar esos campos en el medio de la zona industrial cuando hay tantas casas vacías en las aldeas del valle?», pregunta.
Pero en una de las fortalezas de la poderosa ‘Ndrangheta (mafia calabresa) -el ayuntamiento de San Ferdinando ha sido disuelto varias veces debido a la infiltración de la mafia- los habitantes no son muy favorables.
© Agence France-Presse
