Por LIBARDO CARDONA
BOGOTA — Ex directores de inteligencia y contrainteligencia se entregaron el viernes a la Fiscalía, que les procesa por presuntamente espiar a magistrados, activistas de derechos humanos y periodistas, en el más reciente giro de un escándalo en el seno de la policía secreta del gobierno del presidente Alvaro Uribe.
El grupo de 10 implicados está acusado del delito de concierto para delinquir, o la unión de dos o más personas para cometer crímenes, que se castiga con hasta seis años de prisión.
En su decisión, a la que tuvo acceso la AP, la Fiscalía indicó que dispuso las capturas de los 10 ex funcionarios de la policía secreta porque «con el argumento de proteger la seguridad nacional, terminaron persiguiendo a personas que cumplen funciones acordes a la Constitución…por ejemplo la Corte Suprema de Justicia, los parlamentarios, entre otros».
Los integrantes «de esta empresa criminal…pusieron en marcha un propósito por fuera de los cauces legales…para satisfacción de intereses oscuros aún no determinados», agregó la Fiscalía.
Para analistas y afectados por ese espionaje, la cercanía y el alto perfil de los ex funcionarios revelaría que el éste fue ordenado desde la cúpula del gobierno, pero que como la Fiscalía no lo indicó en su decisión sobre la detención de los 10 ex detectives, aún resta por saber las razones y quiénes ordenaron tal ilegalidad.
«Entendemos que la Fiscalía ha dado un punto de resultado dentro de esa vulneración que se hizo respecto no sólo de magistrados sino a la sociedad en general. De todas maneras hay temas allí aún insolutos, no resueltos», dijo en diálogo telefónico Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema.
Uribe «es un presidente minucioso, que se sabe todo, con una memoria impresionante…Nada se mueve sin su autorización», dijo el analista León Valencia. «Es muy difícil que hayan hecho (el espionaje) a (sus) espaldas», agregó en diálogo telefónico.
«La red de espionaje ilegal… no es un tema ordenado por mandos medios. Seguimos sin conocer al ‘Montesinos’ colombiano», aseguró el precandidato presidencial y ex ministro de Defensa, Rafael Pardo, en referencia al ex asesor de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos.
César Mauricio Velásquez, vocero de la presidencia, afirmó que «este gobierno ha sido y es honorable y digno. Por tanto, nunca ha ordenado hacer seguimientos ilegales a nadie».
«El gobierno espera que la justicia aclare todo lo sucedido», dijo el vocero telefónicamente.
La Fiscalía dispuso el jueves tarde la detención de 10 ex miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta del gobierno que ha estado en el ojo de huracán por una serie de denuncias sobre ilegalidades hacia activistas de derechos humanos, periodistas y magistrados como hacer seguimientos –desde fotos de familiares, hasta balances bancarios y perfiles personales, si bebían o tenían amantes.
La Fiscalía basó su decisión en documentos hallados en la sede del DAS y testimonios de algunos de los funcionarios de mediano rango, quienes aseguran que recibieron órdenes para hacer seguimientos telefónicos o de correos electrónicos.
Entre los ex funcionarios a quienes se ordenó capturar están Jorge Alberto Lagos, ex subdirector de contrainteligencia del DAS; Fernando Tabares, ex director de inteligencia, y José Miguel Narváez, ex subdirector general del organismo.
Los otros siete son funcionarios medios, algunos de los cuales rindieron testimonio ante la Fiscalía asegurando que hicieron los seguimientos porque recibieron órdenes de algunos de sus jefes, como Narváez.
Esos seguimientos se hicieron, según la Fiscalía, a partir del 2004 y hasta inicios de este año, cuando estalló el escándalo en la prensa local.
Hasta ahora ningún funcionario de la sede de gobierno ha sido vinculado a la investigación de la Fiscalía.
