Por SUZANNE GAMBOA
WASHINGTON — Un programa federal que permite a agentes locales y estatales arrestar y deportar a inmigrantes ilegales se enfocará en los delincuentes más peligrosos y limitará los poderes policiales, dijo el viernes el Departamento de Seguridad Interna.
La agencia rediseño el programa, el cual había sido criticado por la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO, en inglés) y llevó a una investigación del Departamento de Justicia a la oficina del alguacil en el condado de Maricopa, Arizona.
Investigadores gubernamentales señalaron que el programa previo —citado como un ejemplo de la equivocada política de ejecución de la ley de inmigracíón por parte del gobierno del presidente George W. Bush— no explicaba claramente cuándo y cómo podían utilizar los agentes su autoridad para realizar arrestos.
El programa revisado exige ahora a los agentes judiciales locales y estatales resolver primero cualquier acusación penal que lleve al arresto de los inmigrantes.
También crea tres niveles de prioridad para los inmigrantes que serán arrestados o detenidos. Los inmigrantes condenados o arrestados por delitos mayores relacionados con drogas o por ilícitos violentos, como asesinato, homicidio involuntario, violación, robo o secuestro son la prioridad.
El programa readecuado crea un patrón consistente para las agencias locales y estatales y proporciona a los agentes del orden herramientas «para identificar y sacar a los extranjeros delincuentes peligrosos», dijo la secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano.
Este también establece un proceso de inconformidad y exige que los agentes participantes proporcionen traductores a los detenidos, señaló el departamento. Todos los agentes participantes están circunscritos a las regulaciones federales sobre derechos civiles y a los lineamientos antidiscriminación.
Aproximadamente 160 agentes del alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio y custodios de cárceles fueron entrenados para aplicar la ley de inmigración, como se requería.
El Departamento de Justicia está investigando acusaciones sobre discriminación y sobre revisiones y decomisos incontitucionales por parte de la oficina del alguacil, mientras que el Departamento de Seguridad Interna también está revisando el uso de poderes federales sobre inmigración por parte de ésta.
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