Por IAN JAMES
CARACAS — Los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideraron como «preocupante» la situación de la libertad de prensa en la región ante la persistencia de los casos de asesinatos de periodistas y de «persecución legal» a los medios.
Denunciaron a su vez que desde Venezuela se está «abanderando» una línea que busca el «control de la información».
«El presente es aterrador, pero el futuro parece que puede ser peor porque hay tendencias que se replican de un país a otro», dijo el viernes Gonzalo Marroquín, segundo vicepresidente de la SIP, al hacer un diagnóstico sobre la situación de la libertad de prensa en la región en el foro de emergencia que realizó la asociación de dueños de medios de las Américas en Caracas.
«Lo que nosotros percibíamos es una preocupante realidad… el futuro de la libertad de información, de la libertad de prensa en el continente… está eminentemente bajo acoso en muchos países», señaló.
Marroquín, sin embargo, consideró que «fue satisfactorio escuchar a lo largo de la jornada que la propia prensa, los periodistas… muestran una actitud inclaudicable de rechazo a la autocensura».
La realización del foro coincidió con el anuncio que realizó la Fiscalía General venezolana de que citará para el 24 de septiembre a Rafael Poleo, editor del diario local El Nuevo País, para procesarlo penalmente por unas declaraciones que ofreció en una televisora.
Asimismo, Alberto Federico Ravell, director del canal local de noticias Globovisión, denunció que su corresponsal en el estado fronterizo del Táchira, Freddy Machado, debió huir del país y pedir asilo en Estados Unidos porque está siendo objeto de «terrorismo judicial».
Marroquín afirmó que en la región se están empleado diversas acciones para «reprimir a la prensa», que incluyen «la violencia contra periodistas, la persecución legal, la aprobación de leyes restrictivas en materia de libertad de expresión; el uso y abuso de concesiones de frecuencias radioeléctricas y la publicidad estatal para premiar y castigar».
«Venezuela, Ecuador y Bolivia son ejemplo de estados que han promovido leyes para restringir la libertad de prensa», dijo Marroquín, e indicó que la reciente legislación sobre los medios que se aprobó en Argentina va en esa línea.
«Venezuela es el abanderado y el que ha marcado la línea que otros han seguido con el mismo fin: controlar la información», agregó.
El presidente de la SIP, Enrique Santos, igualmente alertó sobre la situación de la libertad de prensa en la región y dijo a la AP que «lo más preocupante es la forma como se han agudizado las tensiones entre gobiernos y la prensa en muchos países de la región andina».
Santos planteó que hay una «táctica doble de por un lado descalificar sistemáticamente, estar descalificando a los medios, atacándolos en su mayor capital que es su credibilidad… y simultáneamente hay ofensivas en el plano legal y jurídico».
Los ex presidentes Alejandro Toledo, de Perú y Carlos Mesa, de Bolivia, que participaron en el foro como invitados, también mostraron preocupación por la situación de los medios.
«Esta región corre el riesgo de caer en la trampa del populismo autoritario que al final de cuentas solo quiere decir su verdad», afirmó Toledo, quien gobernó Perú entre 2001-2006, e instó a los dueños de medios a «no acostarse con el enemigo» y «ponerse de pie» para defender las libertades.
El ex mandatario declaró a la AP que «en todo América Latina hay un virus que se está expandiendo, que está arropado entre un autoritarismo con una careta de democracia, (y) que no le gusta que los medios de comunicación puedan decir algo que discrepe con el gobierno».
Toledo expresó que le preocupaba «una alianza no muy sacrosanta entre Caracas y Teherán», y «lo que acaba de suceder con un periódico, el Clarín, en Argentina» que fue inspeccionado la semana pasada por autoridades fiscales argentinas en medio de un gran despliegue.
En contraposición al foro de la SIP algunos grupos aliados al gobierno realizaron en la capital el I Encuentro Latinoamericano de Contrainformación y Comunicación.
En el evento la ministra de Comunicación, Blanca Eekhout, fustigó duramente a la SIP, organización que consideró como «mafiosa» y dijo que «ya no amenaza a nuestros pueblos».
Eekhout defendió las diferentes legislaciones que se han hecho en el país para regular a los medios y afirmó que «hay que hacer leyes que acaben con la dictadura mediática y que permitan la expresión y la participación de todos los venezolanos».
El Ministerio Público venezolano abrió un proceso a Poleo por unas declaraciones que ofreció en octubre pasado en un espacio de Globovisión donde afirmó que el presidente Hugo Chávez debía cuidarse de no terminar como Benito Mussolini, «colgado con la cabeza para abajo».
El canal de noticias también tiene pendiente un proceso penal y administrativo por ese caso.
Poleo, que se enteró de su situación jurídica en medio de una visita a su hija en la ciudad estadounidense de Miami, le comunicó a sus colegas «que no va a regresar al país por ahora», confirmó a la prensa David Natera, quien dirige el Bloque de Prensa Venezolano, una asociación de la industria del periódico.
El editor del diario venezolano Nuevo País considera «absurdo e ilegal» el proceso judicial en su contra, agregó Natera.
La Fiscalía también tiene abierto desde el 2005 un proceso penal contra Patricia Poleo, hija del editor y columnista del Nuevo País, por su supuesta participación, como autora intelectual, en el asesinato de un fiscal. La periodista huyó hacia Estados Unidos donde pidió asilo alegando que es una perseguida política.
