Por EVA VERGARA
SANTIAGO DE CHILE (AP) — Miles de empleados públicos paralizaron el jueves en apoyo a una huelga que desde hace una semana mantiene un sector de los vigilantes de prisiones y en protesta por lo que calificaron de «prácticas desleales» del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, calificó el paro de los agentes de Gendarmería, la guardia de prisiones, de «absolutamente injustificado» y afirmó que «el funcionamiento de los penales está dentro de límites cercanos a la normalidad».
«Si ese paro no tiene justificación, mucho menos lo tiene el paro de la Anef (Asociación Nacional de Empleados Fiscales). En un año tan difícil como este no podemos seguir infligiendo a los chilenos más penurias que las que ya estamos sufriendo», afirmó.
La movilización molestó a los usuarios de los distintos servicios fiscales, en especial en el Servicio de Impuestos Internos y en el Registro Civil.
Raúl de la Puente, presidente de la Anef, que agrupa a unos 70.000 empleados, explicó que «éste es un paro por las prácticas desleales del gobierno con funcionarios de Gendarmería», porque mientras negocia con los funcionarios públicos impone su postura al servicio de Gendarmería.
Algunos gendarmes están en huelga de hambre y otros entorpecen algunas funciones, como traslados de presos a los diversos tribunales.
De la Puente llamó a instalar una nueva mesa de negociaciones, pero el Ejecutivo rechazó anticipadamente la demanda.
Los gendarmes exigen mejoras salariales, laborales y la eliminación del último grado de su escala funcionaria. El gobierno alcanzó un acuerdo con dos de las cuatro asociaciones que los agrupan.
De la Puente acusó que «en este minuto (el sector) Justicia está siendo el laboratorio de experimento del gobierno para aplicárselo luego a toda la administración pública».
El dirigente también criticó los empleos sin contrato, «son empleos precarios…queremos que los funcionarios públicos tengan mejor calidad de vida».
Se excluyeron de la paralización los empleados de los servicios de salud, recargados de trabajo por las enfermedades respiratorias derivadas de los virus estacionales y de la influenza AH1N1, que dejó 19 muertos y 9.153 contagiados según análisis de laboratorio. No se contabiliza a los enfermos diagnosticados clínicamente.