Por VIVIAN SEQUERA
BOGOTA — En medio del debate regional por un acuerdo militar entre Washington y Bogotá, un punto del convenio sobre la inmunidad judicial para el personal estadounidense reavivó temores sobre el castigo que tendrían los norteamericanos en caso de cometer delitos en Colombia.
El texto del acuerdo, cuya negociación fue cerrada el 14 de agosto, aún no se divulga oficialmente, mientras la cancillería asegura que la inmunidad que goce el personal estadounidense no representa «impunidad».
Sin embargo, aún está vivo en el recuerdo el camino cerrado que encontró una denuncia de violación de una niña en 2007.
«El tema es que no conocemos los términos del acuerdo…y la idea es que (los estadounidenses) tendrán una inmunidad ilimitada», dijo el senador Gustavo Petro, del partido Polo Democrático Alternativo, de oposición. «Esta inmunidad es un tema de dignidad para el país», agregó el senador en entrevista telefónica.
La cancillería indicó que en el acuerdo se «introduce normas más rigurosas» a convenios anteriores que datan de los años 50, 60, 70 e inicios de esta década con Washington como que se pueda solicitar «a los Estados Unidos el levantamiento de la inmunidad a su personal».
Y sobre el caso de la violación «actualmente la justicia estadounidense adelanta una investigación» del caso, agregó el ministerio, sin ofrecer otros detalles, en un correo electrónico enviado a la AP.
Ni la embajada de Estados Unidos ni el Comando Sur estadounidense confirmaron que Michael Coen y César Ruiz, fueran los dos implicados en la denuncia presentada ante la Fiscalía en septiembre del 2007 por Olga Castillo, madre de la menor.
«Tomamos muy en serio toda acusación que se presente por mala conducta contra el personal estadounidense en Colombia», dijo la embajada en un correo electrónico al ser consultada sobre el caso.
Pero «por ahora, no hay pruebas suficientes para procesar a los dos soldados estadounidenses involucrados», agregó la embajada.
Para Olga Castillo, una vendedora ambulante de 36 años, las pruebas son irrefutables sobre cómo Coen violentó a su hija el 26 de agosto del 2007 en su habitación de la base aérea militar de Tolemaida, en la localidad de Melgar, unos 95 kilómetros al suroeste de Bogotá.
En el cuarto también estaba Ruiz, según contó a su madre la chica, entonces de 12 años. «La drogaron, la secuestraron y la violaron», dijo Castillo en una reciente entrevista con la AP.
«Que haya alguna vez justicia», dijo Castillo y recordó que su hija entró a un bar para usar el baño cuando los dos estadounidenses le ofrecieron licor para beber y más tarde se la llevaron a la base.
La niña contó todo a su madre, quien admitió que sólo llevó a su hija a las autoridades una semana después. Castillo dijo que no hizo la demanda de inmediato «porque Colombia es tan corrompida» y que los militares «hubieran escondido estos dos tipos, me hubieran sacado cualquier cantidad de militares que no eran para que la niña hubiera ido allá a reconocerlos».
En Colombia el acceso carnal con un menor de edad es castigado con prisión mínimo de tres años.
En la Fiscalía «inician la investigación…y en el momento en que establecen que tienen inmunidad diplomática» se paralizaron las averiguaciones, indicó Jorge Gómez, abogado del grupo no gubernamental Reiniciar. «Ha habido omisión por parte del estado colombiano…(para que) se hiciera justicia», aseguró.
El senador Petro dijo que esos militares estadounidenses son parte de los contingentes que han llegado a Colombia por el Plan Colombia, implantado desde el año 2000 y por el cual Washington entrega asistencia a Bogotá para la lucha antidrogas y antisubversión.