BOGOTA (AP) — Un grupo de mujeres denunció el jueves públicamente que desde inicios de octubre se intensificó una campaña de amenazas e intimidaciones que atribuyen al activismo que realiza para exigir el esclarecimiento de las muertes de sus hijos, vinculadas con ejecuciones extrajudiciales en las que sindican a militares.
El grupo dijo que siete de las madres de 16 víctimas han sido objeto de estas amenazas que les han llegado por teléfono, por escrito y por medio de otros hijos suyos.
«¿Estamos aquí mostrando nuestros rostros y exponiendo nuestras vidas por una falsa denuncia? (sobre amenazas). No», dijo Luz Marina Bernal Porras.
«Lo que queremos es que se sepa lo que pasa… además limpiar el nombre de nuestros hijos», agregó la mujer de 50 años en una conferencia de prensa junto a media docena de madres en la sede del grupo no gubernamental Colectivo de Abogados.
El hijo de Bernal, Fair Leonardo Porras, de 26, desapareció en enero del 2008 en una barriada del sur de Bogotá. Poco después se le ubicó muerto en Ocaña, al noroeste del país, en donde las autoridades militares reportaron que había sido abatido en un combate con grupos armados ilegales, según ha dicho la Fiscalía General. Siendo zurdo, Porras, apareció con un arma en su mano derecha, según datos recabados por los investigadores.
Este es uno de al menos 11 hombres más de Soacha, sin aparente relación entre ellos, que aparecieron en distintas fechas hasta mediados del 2008 en el noroeste del país y presentados como bajas de combate que desencadenó una investigación por supuestas ejecuciones extrajudiciales en las que están implicados varios militares y que provocó una purga de tres generales y hasta 17 oficiales y uniformados más.
Las amenazas comenzaron en noviembre del 2008, hubo otras en febrero y marzo de este año, cuando la Fiscalía General se preparaba a imputar cargos contra algunos militares. Otras madres dijeron que tales llamadas y anónimos, incluso recibidos por otros de sus hijos, se produjeron en las últimas semanas y entonces decidieron reportarlas al defensor de los derechos humanos en Soacha. No las denunciaron a la Fiscalía.
Algunos de los mensajes les fueron entregados o enviados a otros de sus hijos vivos. En uno se lee: «por lo que vemos no han entendido el mensaje, aténgase a las consecuencias», dijo Bernal.
Ninguna a claudicado en su búsqueda de justicia por los crímenes ni tiene pensado hacerlo por las amenazas.
La Fiscalía General tiene en su poder al menos 1.200 investigaciones por los llamados «falsos positivos» o ejecuciones de civiles luego presentados como bajas enemigas en combate. Los casos totalizan 2.000 víctimas y más de 500 militares y policías están detenidos, según datos del ente investigador.
