WASHINGTON (AP) — Colombia ofreció el lunes a Estados Unidos la posibilidad de negociar un nuevo tratado bilateral de extradición si decisiones recientes de la Corte Suprema colombiana obstruyen los mecanismos administrativos que han estado funcionando fluidamente, dijo el ministro del Interior Fabio Valencia.
«Creemos que la manera como está operando la extradición ha sido eficaz», declaró Valencia luego de una larga entrevista con el secretario de Justicia Eric Holder.
Indicó que desde 1984 en que se iniciaron las extradiciones de colombianos a Estados Unidos, 1.112 han sido enviados a este país, 883 de ellos desde que en el 2002 empezó a gobernar el presidente Alvaro Uribe.
La Corte Suprema colombiana ha establecido que si, por ejemplo, a un sospechoso se le imputa secuestro, el delito tiene que implicar a Colombia y Estados Unidos, y cuando hay sentencia ejecutoria en Colombia no puede haber extradición hasta tanto no se haya cumplido la pena en el país. Determinó también que si la sentencia impuesta en Colombia aún no empieza a ser ejecutada, cabría la extradición, y al final el presidente seguiría teniendo en sus manos la orden final de proceder o no, dijo Valencia.
Indicó que habló con Holder sobre la posibilidad de «reafinar» alcances de esas decisiones mediante diálogos o memorandos bilaterales de entendimiento.
Esas precisiones jurídicas en Colombia han ocasionado «preocupaciones» en Estados Unidos sobre la suerte del proceso de extradición de colombianos requeridos por la justicia estadounidense, dijo el ministro a reporteros en la embajada colombiana.
«Simplemente, manifestamos nuestra voluntad política de que si sufriera alguna mengua en la eficacia (de las extradiciones), estaríamos listos a tomar medidas dentro de estos mismos procedimientos y, de ser necesario, habría hasta la posibilidad de llegar a un nuevo tratado», afirmó.
Colombia y Estados Unidos han firmado un controversial tratado de extradición pero nunca ha sido ratificado por ambas partes. El gobierno de Bogotá empezó unilateralmente a apelar en 1997 a procedimientos administrativos judiciales para proceder a la extradición de colombianos pedidos por Estados Unidos.
«Como no hay tratado formal de extradición, Colombia se rige por el procedimiento penal», explicó Valencia. «Debido a que eso ha sido fluido, no hubo necesidad de un instrumento distinto».
Dijo que además de la extradición, habló con Holder de cooperación judicial a fin de permitir a magistrados colombianos tomar declaraciones a paramilitares extraditados sobre aspectos de la ley de justicia y paz que tiene como columna vertebral «la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas».
Estados Unidos ha estado cooperando con Colombia en este campo: concedió 25 audiencias y ha permitido la participación de 1.600 víctimas, pero «ha habido quejas de autoridades» colombianas de que los procedimientos no eran expeditivos, declaró Valencia.
También indicó que trató el tema de la lucha contra las drogas, una campaña en la cual Colombia estaba ya participando no sólo como productor importante de «drogas naturales» sino también como país de consumo mediano de esas drogas y otras de origen sintético.
«Queremos que el enfoque sea más integral, desde el cultivo hasta el consumo», dijo Valencia sin dar detalles, aunque indicó que le gustaría que Estados Unidos tuviese más participación en el control de precursores químicos y programas alternativos de desarrollo social, especialmente en el campo de la reforestación.
Según Valencia, también le explicó a Holder los alcances de los programas del gobierno colombiano para la protección de la vida de sindicalistas, activistas de derechos humanos, concejales, dirigentes izquierdistas, diputados y grupos de minoría como las comunidades afro-colombianas e indígenas.
