Por MARCOS ALEMAN y FREDDY CUEVAS
TEGUCIGALPA — El Congreso aprobó el miércoles la suspensión de algunas garantías individuales durante las horas en que está vigente un toque de queda, mientras el gobierno de Roberto Micheletti desafió el ultimátum de la OEA de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya.
El acuerdo del Congreso fue avalado por aclamación y suspende la libertad de asociación y de circulación, entre otras, dijo a periodistas el diputado Rolando Dubón, del oficialista Partido Liberal.
«No se trata de un estado de estado de excepción ni de un estado de sitio», aseguró.
«Esto se hace por el riesgo que existe porque se sospecha que hay muchas personas de otros países en Honduras y se teme que puedan estar intentado acciones contra la ciudadanía y el nuevo gobierno», añadió, aunque no dio más detalles sobre la supuesta presencia de extranjeros.
Dijo que están exceptuados de la suspensión de garantías las ambulancias, los bomberos, las patrullas y vehículos que transportan combustibles y los diarios locales.
Tampoco hay restricciones para los medios de comunicación, aseguró.
Está previsto que el toque de queda, al menos hasta el viernes, se aplique de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, aunque el decreto legislativo establece que «podrá prorrogarse por más tiempo en caso que las circunstancias lo ameriten».
Los artículos suspendidos temporalmente son los 71, 78, 79, 80 y 81.
Con las medidas, las autoridades podrán detener a cualquiera por más de 24 horas, prohibir a las personas reunirse o participar en manifestaciones públicas, impedir que presenten peticiones y no circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional.
«Esas disposiciones ya se aplicaban en el toque de queda que prevalece en el país desde hace tres días», dijo a la AP el vicepresidente del Congreso, Ramón Velásquez.
El gobierno desafió el miércoles el ultimátum de la OEA de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya, mientras los hondureños divididos volvieron a tomar las calles tanto para apoyar al mandatario designado Roberto Micheletti como para exigir el regreso del gobernante derrocado.
Unas horas después de que la OEA pusiera un plazo de tres días para que se restituya en el poder a Zelaya, el gobierno de Micheletti advirtió que no admite intervenciones externas, al tiempo que iniciaba esfuerzos para acercarse a la comunidad internacional y convencerla de que no se han violentado las leyes.
«No estamos dispuestos a restituirlo, porque él ha cometido delitos», declaró el miércoles a la radio colombiana La FM. «Esperamos la comprensión y la rectificación de estos países que realmente sólo han escuchado una parte del problema», señaló.
Entretanto el presidente venezolano Hugo Chávez afirmó que le gustaría acompañar a Zelaya cuando retorne a Honduras.
«Yo quisiera ir, (pero) no debo, por la más elemental prudencia, ahora se me señala a mí como el culpable; los golpistas ahora dicen que derrocaron a Zelaya por culpa mía», dijo Chávez en un acto de ascenso de su guardia presidencial.
«No es un problema sólo de Honduras, es un problema de todos nosotros, es el resurgimiento del fascismo más sangriento, más brutal, lo que ha ocurrido en la república de Honduras. Estamos resueltos, todos, hasta el gobierno de los Estados Unidos, se ha pronunciado a favor del retorno de Zelaya», manifestó.
Micheletti había asegurado que una misión hondureña ya estaba en Washington «para presentar la verdad de lo que sucedió en el país», aunque posteriormente su canciller Enrique Ortez Colindres dijo a la AP que no había ningún grupo en la capital estadounidense pero que el embajador hondureño en Estados Unidos Roberto Flores había sido convocado para consultas.
Flores, designado por el gobierno de Zelaya, retornó el miércoles a Tegucigalpa y reconoció como legítimas a las nuevas autoridades.
Zelaya, depuesto el domingo por las fuerzas armadas, postergó para el sábado sus intenciones de retornar el jueves a Tegucigalpa acompañado de algunos mandatarios latinoamericanos, a fin de dar tiempo a las gestiones diplomáticas de la OEA.
Las manifestaciones a favor de uno y otro gobierno resurgieron el miércoles, al tiempo que el fiscal general adjunto, Roy Urtecho, anunció que la policía emitió una «alerta migratoria» con la que esperan que Zelaya sea «capturado en cualquier país donde se encuentre y traído a Honduras para ser juzgado».
En Tegucigalpa, miles de simpatizantes de Zelaya —incluidos cientos que se habían congregado en las inmediaciones del palacio presidencial— marcharon hacia la sede de la OEA, donde cantaron al unísono el himno nacional y lanzaron gritos de «¡justicia, justicia!» y «¡fuera, gobierno corrupto!».
Mientras, medios locales reportaron que en varias ciudades del interior del país se manifestaban millares de personas en apoyo a Micheletti. La televisión mostró imágenes en Choluteca, en el sur del país, donde se veía a miles de manifestantes vestidos de blanco y con banderas de Honduras a favor del gobierno.
Micheletti llamó también a los presidentes que intentan acompañar a Zelaya en su regreso a Honduras que «no intercedan en asuntos que no les corresponden».
La portavoz de la fiscalía hondureña, Lorena Cálix, dijo a la AP que hasta el momento los únicos cargos contra Zelaya son traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno democrático, abuso de autoridad, usurpar funciones públicas y desobedecer la Constitución, lo cual podría traducirse en «al menos 20 años» de cárcel.
Agencia AP.
