WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Un juez federal sentenció a muerte el miércoles a dos hombres hallados culpables de matar a una pareja de hispanos y sus dos hijos pequeños en una autopista de Florida por una presunta deuda por tráfico de drogas.
Daniel Troya, de 26 años, y el coacusado Ricardo Sánchez Jr., 25, fueron sentenciados a dos penas de muerte cada uno por los asesinatos de los dos niños. Cada uno de ellos también fue sentenciado a cinco cadenas perpetuas en audiencias separadas.
El juez de distrito Daniel T.K. Hurley describió a Troya como «un hombre sumamente peligroso» y condenó a más años de cárcel a ambos por cargos menores.
«He de confesar que no creo que el señor Troya no hiciera esto de nuevo si se le presentara la oportunidad», afirmó el juez.
Las sentencias marcaron las primeras de muerte en Florida desde que el gobierno federal reinstauró la pena capital en 1988. Las cadenas perpetuas fueron por cargos relacionados a drogas, uso de vehículo motorizado para cometer un crimen violento, y uso de armas de fuego en el asesinato de los padres.
Troya se encontraba rodeado de aguaciles cuando se leyó la sentencia. Durante una audiencia en marzo, el acusado lanzó un botella de plástico medio vacía a los fiscales después de que el jurado recomendó la pena de muerte para él y Sánchez.
Ambos fueron acusados el 5 de marzo de matar a José Luis Escobedo, de 28 años, a su esposa, Yessica Escobedo, así como a los dos hijos de ambos: Luis Julian, de cuatro años, y Luis Damián, de tres.
La fiscalía aseguró que Escobedo estaba involucrado en una red de compra y venta de drogas con los acusados y que Troya y Sánchez lo mataron debido a una deuda y después huyeron con 15 kilogramos de cocaína.
Yessica Escobedo recibió 11 disparos mientras mantenía a sus dos hijos entre sus brazos, en un aparente intento de protegerlos. Los niños recibieron 10 disparos. José Escobedo recibió cinco disparos.
Los cadáveres acribillados a quemarropa fueron hallados al lado de una autopista de Florida, el 13 de octubre del 2006.
Los abogados de Troya argumentaron que el caso era inconsistente y pusieron en entredicho la credibilidad de los testigos que aportó el gobierno, a quienes acusaron de hablar en contra de Troya para recibir mejor trato en sus propios casos ante la justicia.
También destacaron la falta de testigos durante el crimen y responsabilizaron a sicarios mexicanos de los asesinatos.
