Por KATHIA MARTINEZ
TEGUCIGALPA — Las autoridades de facto de Honduras impusieron el martes un nuevo toque de queda tras los disturbios registrados al concluir manifestaciones masivas que exigían el regreso del presidente derrocado Manuel Zelaya.
Miles de partidarios de Zelaya que caminaron durante una semana llegaron a Tegucigalpa y se congregaron en el céntrico bulevar Juan Pablo II, donde escucharon y aplaudieron fogosos discursos exigiendo el regreso del presidente derrocado y condenaron el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
La multitud se acercó después a la casa presidencial, donde algunos quemaron neumáticos.
Al terminar la concentración, cuando los manifestantes se retiraron hacia la Universidad Pedagógica, donde pernoctarían, varios de ellos incendiaron un autobús de transporte público, declaró el ministro de Información, René Zepeda. En las inmediaciones de ese lugar se constató que también fue atacado e incendiado un restaurante de la cadena estadounidense Popeye’s.
Zepeda anunció que el gobierno restituyó el toque de queda, que elimina ciertas garantías constitucionales entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Durante semanas después del golpe las autoridades instauradas en el poder han limitado las libertades y ejercido control sobre algunos medios de comunicación críticos.
El canal 6 de televisión mostró las imágenes del autobús en llamas, tras lo cual la policía comenzó a dispersar a manifestantes. En las escenas se vio cómo la turba sacó por la fuerza al chofer y los pasajeros para luego, con palos y piedras, golpear el vehículo y prenderle fuego.
El dirigente Juan Barahona desligó al Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado de los disturbios registrados, pues dijo que ocurrieron una vez que los manifestantes se encontraban en la Universidad Pedagógica.
«No tenemos en este momento mayor información. Algunos compañeros nos han dicho que eso (los disturbios) fue provocado por miembros de la policía infiltrados», manifestó.
Pero el comisionado Danilo Orellana, jefe de la policía, dijo en rueda de prensa que «sabíamos que los protestantes concluirían su acción con disturbios porque se molestaron al no acudir más manifestantes a las actividades que programaron y buscaron confrontar a las autoridades».
Informó que la policía arrestó a 40 personas, a las que envió a la fiscalía para procesarlas judicialmente.
Aseguró que «no permitiremos más actos vandálicos de los protestantes y, junto a la fiscalía, hemos adoptados medidas que aplicaremos en próximas manifestaciones violentas».
Las dos grandes caminatas simultáneas —que los organizadores estimaron que reunieron a más de 14.000 personas— comenzaron el miércoles para concluir en las principales ciudades del país: Tegucigalpa y San Pedro Sula, a unos 180 kilómetros al norte de la capital. Recorrieron 15 kilómetros diarios por siete días hasta llegar a sus destinos.
«Estoy cansado… he caminado desde el martes pasado», dijo Gabo Paz, un agricultor de 32 años.
«Es una injusticia lo que han hecho con Mel (diminutivo con el que llaman a Zelaya). Y no queremos que gobierne otro presidente que el pueblo no ha puesto», agregó.
La llegada de las marchas coincidiría con la de una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que busca una salida a la profunda crisis política que atraviesa Honduras desde el golpe de estado del 28 de junio.
Sin embargo, el gobierno de facto canceló la llegada de la misión, objetando la presencia del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aunque más tarde aceptó la presencia del funcionario como «observador». Insulza anunció en Washington que la misión llegará a Honduras a finales de agosto.
Líderes del Frente denunciaron que la postergación de la llegada de la misión tuvo la intención de evitar que coincidiera con las manifestaciones registradas en la jornada.
La esposa de Zelaya, Xiomara Castro, se integró a la marcha poco antes de que concluyera y luego les pidió en un discurso a los seguidores «persistir en la resistencia».
En un comunicado, el Frente de Resistencia declaró que si en los próximos días el gobierno de facto no restituye a Zelaya aumentará sus acciones pacíficas para afectar «el normal desenvolvimiento de las operaciones comerciales» de empresas que apoyan el gobierno.
También anunció que promoverá en instancias internacionales el castigo penal contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos y que incluyen los asesinatos de participantes en las marchas.
Zelaya viajará el miércoles a Brasil y mantendrá un encuentro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informó la cancillería de ese país.
La Interpol emitió órdenes de captura a tres funcionarios del gobierno de Zelaya, informó el jefe del organismo policial en Tegucigalpa, Rommel Martínez. La sede de Interpol en Francia no confirmó de inmediato las supuestas órdenes de captura giradas contra el vicepresidente Arístides Mejía y los ministros Rebeca Santos y Rixi Moncada. La fiscalía los acusa de abuso de autoridad y fraude.
Agencia AP.
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