Por FREDDY CUEVAS
TEGUCIGALPA — Un emisario del gobierno estadounidense sostuvo el martes una reunión con el presidente de facto Roberto Micheletti para tratar de salvar un acuerdo que busca solucionar la crisis política hondureña.
El diálogo fue «muy abierto» y giró en torno «al cumplimiento del acuerdo Tegucigalpa-San José suscrito el 30 de octubre», dijo en una rueda de prensa la negociadora de Micheletti, Vila Morales, quien estuvo en la reunión entre el mandatario de facto y el subsecretario estadounidense adjunto para el Hemisferio Occidental, Craig Kelly.
Posteriormente Kelly se reunió con el derrocado presidente Manuel Zelaya, quien se encuentra refugiado en la embajada de Brasil desde el 21 de septiembre, cuando regresó subrepticiamente a la ciudad. El funcionario estadounidense estará dos días en la capital, hasta el miércoles.
«Lo más importante para la comunidad internacional, para el gobierno (del presidente Barack) Obama y para sus funcionarios es que Honduras concluya ese proceso en el cumplimiento y en el marco de acuerdo Tegucigalpa-San José… Eso es fundamental», afirmó Morales.
Morales dijo que Micheletti ratificó a Kelly «su voluntad de continuar en el marco del acuerdo Tegucigalpa-San José».
«Lo que aspiramos es que la otra parte continúe integrando la comisión de verificación» para seguir dándole cumplimiento al acuerdo, agregó.
Zelaya declaró fracasado dicho acuerdo, tras rechazar el gobierno de reconciliación armado por Micheletti el 5 de noviembre. Se negó también a proponer candidatos a ministros como lo hicieron los demás sectores sociales y partidos políticos.
«Estamos acá para seguir trabajando con ambas partes. Estamos trabajando», dijo Kelly tras la reunión con Zelaya.
Según Zelaya, derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio, las elecciones generales del 29 de noviembre no serán reconocidas en el mundo si no se revierte el golpe.
En una nota enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, Micheletti planteó que el acuerdo no faculta a ninguna de las partes a interrumpir unilateralmente su cumplimiento, y que el pacto engloba tres puntos cruciales: respaldo a las elecciones, traspaso del poder el 27 de enero al nuevo gobierno y normalizar las relaciones de Honduras con la comunidad internacional.
El Consejo Permanente de la OEA se reunió el martes en Washington de manera extraordinaria para tratar la crisis en Honduras, mientras en Tegucigalpa un grupo de sus delegados tratan de acercar a las partes en conflicto.
Insulza dijo que en Washington que «no hay una negociación en marcha. Por eso desde el punto de vista político no hay condiciones para enviar una Comisión de Observación Electoral a Honduras, aunque tengamos las condiciones materiales para hacerlo».
El secretario de la OEA dijo que no ve la posibilidad de reanudar el diálogo en Honduras y expresó que debe ser Micheletti quien debe dar el paso para allanar la constitución del gobierno de unidad.
Morales dijo al respecto que la OEA «no puede retroceder o retrotraerse de eventos que definitivamente confirmó. Y empeñó su compromiso de respetar lo que los hondureños y la comunidad» acordaron.
Mientras, el secretario del Congreso Carlos Lara informó que la Comisión de Derechos Humanos —una de las instancias que ese órgano, según el acuerdo, consultará antes de convocar a una sesión para analizar la restitución de Zelaya— entregó su informe.
«Es un informe sobre cómo (la Comisión) vió la actuación» de Zelaya durante su gobierno, señaló Lara. El Congreso también consultará a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público.
El Congreso ha dicho que tras las consultas definirá cuándo reunirá a sus 128 diputados para votar sobre la restitución de Zelaya.
Los diputados están enfrascados en recibir respuestas de las consultas realizadas a varias instituciones judiciales y de derechos humanos sobre la situación del mandatario derrocado, para luego convocar a sesiones extraordinarias.
Ramón Velásquez, vicepresidente del congreso y diputado del Partido Demócrata Cristiano, aseguró a la AP que no hay fecha para tratar el caso de Zelaya.
Las instituciones consultadas son la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
