Por IVAN MORENO
GREELEY, Colorado, EE.UU. (AP) — El fiscal general de un condado en Colorado incautó las declaraciones de impuestos confidenciales de miles de personas en busca de inmigrantes indocumentados, y más de 70 de ellos están siendo procesados.
Las declaraciones de impuestos fueron confiscadas en octubre por Ken Buck, fiscal del condado de Weld, en las oficinas del Amalia’s Translation and Tax Services, una empresa de servicios de traducción y de preparación de impuestos frecuentada por hispanos en Greeley, donde una tercera parte de la población es hispana.
Los documentos permitieron entablar cargos de robo de identidad contra más de 70 personas y las autoridades sospechan que 1.300 inmigrantes presuntamente sin documentos estaban trabajando usando números de la seguridad social falsos o robados.
Pero la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, American Civil Liberties Union) sostiene que en el operativo se incautaron los documentos de 4.900 personas, muchas de ellas residentes legales y que la medida «equivale a una búsqueda casa por casa de gente inocente tratando de encontrar a alguien que se cree se encuentra en algún lugar de la zona».
Dos jueces coinciden con esa apreciación y han fallado que Buck no tenía justificación para confiscar los documentos. Sin embargo, Buck ha apelado la decisión y si los tribunales fallan a su favor, podrían abrir otra oportunidad de procesar a inmigrantes sin papeles.
Para muchos inmigrantes, el proceso judicial es algo irónico. Horacio Arturo Cervantes, por ejemplo estaba en el país ilegalmente pero pagaba impuestos religiosamente con la esperanza de algún día conseguir la ciudadanía.
Cervantes, de 42 años de edad y padre de cuatro niños, oriundo del estado mexicano de Chihuahua se declaró culpable de la acusación de robo de identidad y ahora está amenazado con la deportación. Explicó que lo hizo porque necesitaba salir de la cárcel y probar suerte en los tribunales de inmigración.
«Me siento como que está todo en el aire, no sé lo que está pasando, lo único que quiero es quedarme en este país», dijo Cervantes en una entrevista. Su próxima cita con el tribunal es el 23 de junio.
La investigación de Buck, apodada «Operation Numbers Game» («Operación Números al Azar») es la primera vez que un fiscal usa declaraciones de impuestos para entablar cargos de robo de identidad contra inmigrantes ilegales, según la ACLU y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, con sede en Los Angeles. Fuentes de ambas agrupaciones sostienen que no ha habido caso similar en el pasado.
Las acciones de Buck han engendrado un dilema: Las personas procesadas están supuestamente ilegalmente en el país y estaban usando números de la seguridad social de manera fraudulenta. Pero el Servicio de Rentas Internas les exige pagar impuestos, y esos documentos son por ley confidenciales.
Buck se negó a ser entrevistado para este reportaje debido a los procesos judiciales en desarrollo. Pero en una entrevista en febrero, arguyó que «si uno está en este país ilegalmente, y trabaja en este país ilegalmente, posiblemente existe el requisito de que pague impuestos, pero eso es medio ridículo».
Buck ha sostenido que los documentos no eran confidenciales porque no le fueron incautados al IRS sino a una preparadora de impuestos.
La investigación comenzó cuando un residente de Texas le advirtió a las autoridades del condado Weld de que alguien le estaba robando la identidad. El sospechoso en ese caso dijo que había usado ese número en la Amalia’s Translation and Tax Services.
Para pagar sus impuestos, los clientes de Amalia Cerrillo usan Números de Contribuyentes Fiscales, que el IRS emite a quienes no tienen números de seguridad social. Los extranjeros que cuentan con ingresos por inversiones estadounidenses usan ese mismo tipo de número. Los acusados en el caso de Colorado habrían usado los números de seguridad social de otras personas para poder trabajar y usaban sus propios números de contribuyentes para poder pagar impuestos.
Los contribuyentes fiscales aportaron 50.000 millones de dólares a las arcas del estado entre 1996 y el 2003, según cifras del IRS. El ex director del IRS Mark Everson dijo al Congreso en el 2006 que esos números estaban «trayendo contribuyentes al sistema».
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