Por JULIANA BARBASSA
SAN FRANCISCO — Las actitudes tolerantes que tuvieron hacia los indocumentados podrían descarrilar las candidaturas de dos prominentes figuras de la política en San Francisco, incluida la del alcalde Gavin Newson a gobernador de California.
Un mes después de lanzar su candidatura, Newson fue criticado por un descuido en la política de ofrecer santuario a los extranjeros que no tienen papeles: las normas vigentes establecían que no se podía deportar a menores indocumentados que cometieron delitos.
En lugar de deportarlos, fueron enviados a sus países como si se tratase de cualquier ciudadano común o fueron alojados en instalaciones municipales, mientras los contribuyentes pagaban los gastos.
El tema cobró atención pública cuando un salvadoreño, Edwin Ramos, de 22 años, fue acusado de delitos menores, incluido robo e intento de robo como parte de una pandilla, y no fue deportado.
Por su parte, la fiscal de distrito Kamala Harris, postulada a procuradora general, está en la mira por un programa que creó y que permitió que seis indocumentados adictos a las drogas recibiesen tratamiento de rehabilitación y capacitación laboral, lo que anulaba sus antecedentes delictivos.
Uno de los que participó en ese programa, el hondureño Alexander Izaguirre, fue acusado de robarle a una mujer en julio y de llevársela por delante con una camioneta todo terreno, fracturándole el cráneo. Izaguirre todavía no ha sido juzgado.
El 71% de los californianos cree que se debe permitir a los indocumentados conservar sus trabajos y normalizar su situación, según un estudio realizado en agosto de 2008 por el Instituto de Políticas Públicas de California.
No obstante, incluso quienes se solidarizan con la causa de los indocumentados probablemente sean más intransigentes con los que cometieron delitos, según el analista político Tony Quinn.
«Estos incidentes alimentan la impresión de que Newsom y Harris están al margen de las corrientes mayoritarias», señaló Quinn. «Cuesta defender el que se le dé una amnistía o santuario a gente que cometió delitos».
Newsom dijo que no estaba al tanto de que había una laguna jurídica y la eliminó rápidamente. Ahora San Francisco entrega al servicio de inmigración a todos los menores indocumentados que cometieron delitos. También ordenó a las autoridades municipales que reconsideren todas las medidas que afectan a los indocumentados.
«Quiero ser claro: No voy a permitir que esta Ciudad Santuario sea usada para proteger comportamientos delictivos», dijo el alcalde en un comunicado a fines de junio.
Garry South, asesor de la campaña de Newsom, aseguró que rara vez se habla del tema, pero Kevin Spillane, asesor del aspirante a la candidatura republicana Steve Poizner, afirmó que lo planteará durante la campaña.
Newsom pelea la candidatura demócrata con el procurador estatal Jerry Brown, en tanto que Poizner, Tom Campbell y Meg Whitman dirimen la contienda republicana.
«Si alguno de ellos (Newsom o Harris) triunfa en las pujas internas y la inmigración surge como un tema importante en las elecciones generales, pueden tener problemas», pronosticó Dan Schnur, director del Instituto de Política Jesse M. Unruh de la Universidad del Sur de California.
En el caso de Newsom, el que se lo asocie con la política de ofrecer santuario a los indocumentados puede ayudar a generar la impresión de que «si no está de acuerdo con una ley federal o estatal, no la va a hacer cumplir», sostuvo Spillane, el asesor de Poizner.
Newsom recibió numerosas críticas cuando en 2004 ordenó que la municipalidad otorgase licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, violando las leyes estatales. Esos matrimonios fueron anulados posteriormente por la Corte Suprema de California.
Harris también podría ser percibido como un liberal típico que no está sintonizado con el sentir general, según Spillane.
Por su parte, la abogada especializada en derechos civiles Angela Chan dijo que tanto Newsom como Harris «van a necesitar el voto de los inmigrantes» y «saldrán perdiendo, a la larga, si cortejan el voto conservador».
El jefe de campaña de Newsom coincidió e hizo notar que la mayoría de las ciudades grandes de California, como Los Angeles, San Diego, San José y Oakland, también dan amparo a los indocumentados.
Decenas de organizaciones defensoras de los indocumentados piden que a los menores sin papeles se les reconozca el derecho a tener vistas judiciales antes de ser entregados a las autoridades migratorias.
Harris modificó las reglas de un programa que ofrece asesoría y capacitación a menores que violaron por primera vez leyes relacionadas con las drogas, lo cual elimina todos sus antecedentes penales. Ahora sólo pueden participar en el programa personas que tienen un permiso laboral, lo que descarta a los indocumentados.
AP.
