Por MARCOS ALEMAN, FREDDY CUEVAS y
WILL WEISSERT
TEGUCIGALPA (AP) — El designado presidente de Honduras, Roberto Micheletti, advirtió que no renunciará, sin importarle la creciente presión internacional para que el derrocado Manuel Zelaya sea restituido en el cargo.
En una entrevista con AP, al preguntársele si contempla abandonar el cargo al ver el respaldo granjeado por Zelaya en la comunidad internacional, Micheletti sostuvo que «no. Fui nombrado por el Congreso que representa al pueblo hondureño. Nadie me puede obligar a renunciar si yo no cometo faltas contra las leyes del país».
Reiteró que si el depuesto gobernante regresa al país como lo tiene planeado, será capturado. Zelaya «cometió delitos contra la Constitución y las leyes. El no puede volver a ser presidente, a menos que venga un presidente de algún país de América Latina que lo imponga bajo las armas», dijo Micheletti.
El fiscal general Luis Alberto Rubí dijo en rueda de prensa que acusará a Zelaya por traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno democrático, abuso de autoridad, usurpar funciones públicas y desobedecer la Constitución y las leyes. Agregó que le aguardan «al menos 20 años en la cárcel».
Informó que «la orden contra el ex gobernante ya la giramos a nivel internacional a manera de que sea capturado en cualquier parte del mundo donde esté».
El canciller hondureño Enrique Ortez Colindres había dicho en entrevista a CNN que los tribunales ya tienen listo el expediente para «el deslinde de responsabilidades por la violación de la constitución, en el narcotráfico, la garantía del crimen organizado, el desvío de recursos por cantidades multimillonarias».
Zelaya anunció que regresará el jueves a Tegucigalpa para recuperar el poder en compañía del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, del secretario de la Asamblea General de la ONU Miguel d’Escoto y los presidentes Cristina Fernández de Argentina y Rafael Correa de Ecuador.
Aunque ahora parece que Zelaya desistió de promover una reforma constitucional, Micheletti aclaró que de todas maneras ya quebrantó la ley y por ello no puede evitar ser arrestado.
La casa presidencial, cuyos alrededores fueron escenario la víspera de fuertes enfrentamientos entre seguidores de Zelaya y las fuerzas armadas y de seguridad que dejaron decenas de heridos, lucía desierta con todos los accesos bajo control de más de 500 soldados y policías.
Pero miles de simpatizantes de Zelaya acudieron al lugar brevemente para exigir la restitución del derrocado gobernante. Después se retiraron sin causar nuevos disturbios.
La policía dijo en un comunicado que detuvo brevemente y ordenó que camiones que intentaban ingresar a la capital con simpatizantes de Zelaya para sumarse a las protestas contra el nuevo gobierno regresaran a Juticalpa, a unos 160 kilómetros al este de Tegucigalpa.
Miles de manifestantes vestidos de blanco se concentraron el martes en la plaza central de la capital para apoyar al mandatario designado portando camisetas con el lema: «Queremos Paz y Democracia». La radioemisora local HRN dijo que una concentración similar se realizó en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país y a unos 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Micheletti dijo durante la concentración en la capital: «demos gracias a Dios por haber permitido que la democracia no se interrumpiera en nuestra patria… y los héroes de esta jornada democrática son los militares».
En la multitudinaria concentración fue vitoreado el jefe del Estado mayor Conjunto de las fuerzas armadas, general Romeo Vásquez, quien acompañó a Micheletti.
El mandatario designado informó que el miércoles enviará a congresistas, diplomáticos, empresarios y líderes del magisterio a Washington para explicar la crisis que vive el país y dijo que espera «recuperar la confianza» de la comunidad internacional.
Dijo que la delegación intentará «demostrar a la comunidad internacional la ilegalidad que rodea al ex presidente» y buscará reconocimiento internacional al gobierno erigido en Tegucigalpa.
La fiscalía encausó el martes por corrupción a cinco ex funcionarios de la telefónica estatal, aliados de Zelaya: Marcelo Chimiri, Oscar Danilo Santos, Jorge Rosa, Jacobo Lagos y Daniel Flores. Los acusó con pruebas obtenidas en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según la fiscalía, recibieron 1,1 millón de dólares para otorgar contratos de interconexión y rebajar tarifas telefónicas a la empresa estadounidense LatiNod, que admitió su culpa hace dos meses a una corte de la Florida.
La policía amplió por cuatro días más el toque de queda de ocho horas que mantiene en las noches desde el domingo, tras expresar su firme respaldo a las decisiones adoptadas por Micheletti. La prohibición se mantiene hasta el viernes.
