Por FREDDY CUEVAS
TEGUCIGALPA — El presidente Manuel Zelaya calificó el viernes de «arbitrario e improcedente» el anuncio del Congreso de investigar la capacidad mental del mandatario para gobernar, a fin de inhabilitarlo en el cargo, en medio de una severa crisis institucional.
Luego del discurso del gobernante, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, calificó de «trastornado» a Zelaya y sin dar detalles denunció en rueda de prensa que tiene información de que han contratado a alguien para asesinarlo.
Micheletti responsabilizó «al poder ejecutivo si algo pasa a mis hijos, mi esposa o a mí, porque ¡ya basta!. No tenemos porqué estar sufriendo situaciones de aspiraciones (presidenciales) de un trastornado que quiere quedarse con el poder en el país», subrayó.
En su discurso de más de dos horas, Zelaya afirmó que «si los diputados me quieren inhabilitar ya le dije a Enrique Flores (ministro de la Presidencia) que emita un decreto para inhabilitar a Micheletti».
«Quieren destituir al presidente, lo que es arbitrario e improcedente», dijo el mandatario la madrugada del viernes al arengar a centenares de seguidores. El acto lo transmitió el canal 8 de la televisión estatal.
Sostuvo que «el Congreso no me puede investigar, mucho menos inhabilitar o darme un golpe técnico porque soy honesto y soy un presidente libre, a mí no me asusta nadie. Si (a la Legislatura) tanto le molesto, ¿por qué no vamos a una consulta a ver qué quiere el pueblo: si sacar al Congreso o al presidente?. Apuesto que en esa consulta los diputados no van».
Según la ley, Micheletti reemplazaría a Zelaya en caso de que éste fuera separado del cargo. Micheletti también pertenece al oficialista Partido Liberal.
La cámara legislativa designó la noche del jueves una comisión especial para investigar las actuaciones del presidente, luego que destituyera al jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas por negarse a apoyar la encuesta del 28 de junio, pero la Corte Suprema restituyó al oficial.
La consulta consiste en preguntar al ciudadano si está de acuerdo o no en que en las elecciones del 29 de noviembre se instale una urna para elegir una Constituyente que redacte en fecha no determinada una nueva Constitución. La actual data de 1982.
«Me piensan declarar no apto para el cargo, pero se equivocan, aquí me quedo, no me voy; y a ellos (los diputados), los vamos a sacar porque tenemos derecho a opinar, a ser consultados y esto nadie lo para», afirmó el mandatario.
Advirtió a los congresistas: «ustedes me han declarado la guerra, ahora aténganse a las consecuencias».
De inmediato, dio instrucciones a sus simpatizantes y la policía sobre cómo debían actuar durante la consulta popular que convocó para el domingo a fin de buscar una reforma a la Constitución.
Para el director de campaña del propio partido oficialista, Marlon Lara, «la consulta del domingo no tiene asidero legal porque ya las urnas están llenas por ellos (el gobierno), que las transportarán, vigilarán y contarán los votos. Es decir, no hay transparencia»
Señaló en entrevista con la AP que «en vez de prepararse para entregar el poder (en enero), el presidente tiene un capricho personal con intereses aviesos de continuismo y cambiar el sistema democrático de Honduras».
Bajo el auspicio del Movimiento Paz y Democracia, miles de personas marcharon el viernes por las calles en defensa de la Constitución, tras congregarse en el Parque Central de Tegucigalpa frente al Congreso y gritaron «Urge que (Zelaya) se vaya».
Seguidores del presidente comenzaron a distribuir el viernes las 15.000 urnas que se usarán en la encuesta y que el propio Zelaya recuperó la víspera acompañado por una multitud de simpatizantes, donde estaban decomisadas por la fiscalía.
El vocero presidencial Pedro Grave dijo a la AP que «el material se enviará a todo el país y se ha estado entregando a voluntarios civiles que respaldan el proyecto político», luego que los militares se abstuvieron de colaborar.
Pero la fiscalía anunció que buscará pruebas en los centros de votación para identificar y enjuiciar a los que acudan a ellos.
El jefe de fiscales, Rafael Fletes, dijo en rueda de prensa que «ya instruí a todo el personal a fin de recabar evidencias el domingo, las que servirán para proceder judicialmente contra los que participen en la ilegal encuesta como autores, coautores o cómplices».
La ley establece penas de entre 15 y 20 años por ese delito.
«Para evitar que los fiscales sufran atentados o agresiones, serán ese día protegidos por policías y efectivos del ejército», añadió.
El vocero de la fiscalía Elvin Duarte Fletes advirtió a la policía que sólo deben guardar el orden público y no participar en el evento porque se situarían al margen de la ley.
Al respecto, el viceministro de Seguridad Mario Perdomo aseguró que «la policía acatará la disposición de la fiscalía».
(AP)
