BOGOTA — Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de una barriada de Bogotá fueron una matanza «flagrante y obscena» que apenas revela la punta del iceberg de una «práctica sistemática», afirmó el jueves un demoledor informe preliminar del Relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias.
El australiano Philip Alston dijo que dentro de cuatro a cinco meses presentará su informe final, con las conclusiones y recomendaciones al gobierno del presidente Alvaro Uribe, tras realizar una visita a Colombia del 8 al 18 de junio por invitación de las autoridades de Bogotá.
«Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg», dijo Alston al presentar partes de sus observaciones preliminares sobre ejecuciones en Colombia.
Creo, agregó Alston en una conferencia de prensa en una sede local de Naciones Unidas, que el problema de las más recientes ejecuciones extrajudiciales denunciadas son el «resultado de una práctica sistemática dentro de los militares».
Al comentar las primeras observaciones del relator, el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, dijo que fue «un mensaje que para nosotros sin duda es muy duro, frente a hechos ocurridos en el pasado, pero hubo un mensaje también muy positivo frente a lo que esta ocurriendo hoy en día» por medidas tomadas por las autoridades.
Cuando Alston presente su informe final «vamos a ver qué dice, pero nosotros estamos sobre todo tranquilos…» aseguró Jaramillo a reporteros.
El relator admitió que a muchos opositores de Uribe no les gustaría su posición en torno a que carecía hasta ahora de «pruebas que indiquen que estas ejecuciones (de Soacha) se llevaron a cabo como política oficial del gobierno o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del presidente o de los sucesivos ministros de Defensa».
Las fuerzas armadas fueron estremecidas a fines del 2008, cuando denuncias de prensa y de grupos no gubernamentales revelaron que al menos 11 hombres, sin relación entre ellos, habían desaparecido en diferentes fechas de la barriada de Soacha, al sur de Bogotá, y después sus cadáveres fueron localizados en fosas comunes del noroeste del país como rebeldes muertos en combate con tropas del ejército.
El escándalo cobró la cabeza de una veintena de oficiales y suboficiales del ejército, entre ellos tres generales, destituidos por Uribe a fines de octubre del 2008. El entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, renunció al cargo poco después de la mayor purga en las filas militares en años.
El gobierno de Uribe ha dicho que los casos de Soacha fueron productos de algunas «manzanas podridas» en las fuerzas militares y aseguró incluso que algunas de las víctimas eran ciertamente rebeldes. Alston, sin embargo, dijo en la jornada que aparte de «las afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido».
Por el caso de Soacha al menos dos coroneles, pasados a retiro en la purga de octubre, así como medio centenar de suboficiales y soldados profesionales, están detenidos y acusados por secuestro, desaparición forzada y homicidio agravado, según datos de la Fiscalía General que les investigó.
La Fiscalía lleva en total al menos 1.056 investigaciones, que involucran el asesinato de 1.708 personas, incluyendo las víctimas de Soacha, en ejecuciones extrajudiciales denunciadas en los últimos seis años.
El relator Alston no ofreció cifras y sólo dijo que por los datos que le había suministrado el Ministerio de Defensa se habría reportado una reducción en el número de ejecuciones en los últimos nueve meses.
Agencia AP.
