BOGOTA — El ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, goza de inmunidad diplomática por lo cual, aún cuando Interpol sea notificada de la orden de captura dictada en su contra por un juez ecuatoriano, sería imposible detenerlo, dijo el presidente colombiano.
El mandatario Alvaro Uribe reiteró que su gobierno no dejará «tocar» a Santos y consideró «temeraria» la acción ordenada el lunes por el juez ecuatoriano que lo procesa por la muerte de 25 personas durante una acción no autorizada en que militares colombianos penetraron a Ecuador para destruir un campamento clandestino de las FARC.
Dijo que ya «hemos presentado nuestra queja ante Interpol y seguiremos trabajando en eso» y señaló que Santos cuenta con pasaporte diplomático y que el juez ecuatoriano «usurpa la justicia porque no tiene competencia» para ordenar su captura.
En Quito, el general Rafael Yépez, director nacional de la policía judicial de Ecuador, explicó a la AP que «como policía nacional nosotros recibimos la orden de detención por parte de la autoridad que es el juez y como Interpol tenemos la obligación de enviar eso a la secretaría general que es en Francia», algo que se disponía a realizar el viernes.
Yépez señaló que la oficina de Interpol en Francia «dirá si procede o no procede la difusión a nivel internacional» de la orden de arresto que actualmente está vigente solo en Ecuador. La sede central de Interpol, en Lyon, Francia, confirmó que no ha recibido un pedido ecuatoriano para capturar a Santos.
Un juez provincial de Ecuador ordenó el lunes la aprehensión de Santos en virtud de que la fiscalía lo acusa de «delito contra la vida» por considerar que «planificó, dirigió y ordenó» el operativo militar contra el campamento de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Entre las víctimas del ataque estuvieron el comandante guerrillero Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.
Ecuador rompió relaciones con Colombia dos días después de la operación militar colombiana del 1 de marzo de 2008, situación que aún prevalece.
Santos renunció a su cargo en mayo para aspirar a la presidencia, siempre y cuando, según dijo, Uribe no decida postularse a un tercer mandato.
El vocero de la presidencia colombiana, César Mauricio Velásquez, informó que el gobierno de Bogotá pedirá que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, aplique de medidas cautelares a favor del ex ministro. No precisó cuando se oficilizará la solicitud.
El jurista Ramiro Aguilar, miembro del bufete Aguilar-Torres, dijo a la AP que «el fiscal y el juez se excedieron absolutamente en lo que se podía hacer».
El analista político Jorge León, quien realiza investigaciones para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dijo a la AP que «con esto, Ecuador está buscando insistir a Colombia que el problema no ha terminado y que es más complicado de lo que reiteradamente ha dicho Colombia».
«Los estados pueden defenderse, la carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho a la defensa, en consecuencia no hay mérito para un imputación penal para el ex ministro colombiano», opinó el experto.
Aguilar opinó que existe un interés político detrás del proceso contra Santos, por lo cual «ni la Interpol ni ningún organismo internacional se van a prestar» a ejecutar la eventual orden de captura.
En Colombia, la fiscalía abrió una investigación basada en información supuestamente encontrada en computadoras y dispositivos de almecenamientos decomisados por el ejército en la incursión irregular para atacar el campamento rebelde.
En el curso de la pesquisa, la asambleísta del partido de gobierno Alianza País, María Augusta Calle, y el político izquierdista Marcelo Larrea fueron citados para declarar sobre presuntos vínculos con las FARC.
Ecuador desconoce la validez de las informaciones de esas máquinas.
