Por CHRISTOPHER TOOTHAKER
CARACAS — Con gritos de «¡mátalo, mátalo!», varios niños apuntan sus fusiles de asalto virtuales hacia los últimos terroristas y los rocían de balas, haciendo que la sangre falsa salpique la pantalla y caigan «muertos». Así termina otro juego de «Counter-Strike».
Los juegos más populares entre los niños muchas veces reflejan la vida fuera de ese cibercafé en San Agustín, uno de los numerosos barrios violentos de la capital venezolana, donde los residentes dicen que a temprana edad cambian los controles de juego por armas de verdad.
Con el objetivo de cambiar esa situación, en la Asamblea Nacional de Venezuela se está redactando un proyecto de ley para prohibir los videojuegos violentos y los juguetes bélicos. La iniciativa ya sorteó una primera votación en septiembre y se podría aprobar definitivamente en unas semanas más.
Muchos padres aplauden el proyecto, pero los críticos argumentan que es una maniobra más de relaciones públicas para camuflar la incapacidad del gobierno del presidente Hugo Chávez para controlar la delincuencia violenta, que es considerado el problema más grave del país según las encuestas principales.
El gobierno de Chávez dejó de revelar cifras anuales completas de homicidios en 2005, en medio de preocupaciones crecientes, pero el año pasado el ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, informó que las muertes violentas promediaron 152 por semana, o aproximadamente 7.900 por año.
Eso es cinco veces la tasa de homicidios que tiene Texas, que tiene el mismo tamaño de población que Venezuela.
Como administradora del cibercafé en San Agustín, Jenny Rangel lucha con un dilema moral mientras trabaja bajo un poster de la película «Cara Cortada» y observa la matanza virtual. Como muchos de sus vecinos, Rangel se apura para llegar a la casa antes de caer la noche, cuando los disparos resuenan en el barrio.
«El mensaje para ellos es que tienes que disparar y matar», dijo Rangel.
Al otro lado de la ciudad, salas de juegos en los grandes centros comerciales están llenas de niños y adolescentes —que pertenecen en su mayoría a familias de clase media y alta— que esperan en cola para jugar «Dark Silhouette», usando una réplica de un fusil de asalto para dispararle a sus enemigos.
«Los videojuegos no son el problema. Los ‘malandros’ (los delincuentes) son el problema», se queja Arny González, un estudiante de secundaria de 17 años.
El diputado José Albornoz reconoce que la lucha contra la delincuencia requiere un plan multifacético, pero está convencido de que las autoridades pueden reducir el índice delictivo rompiendo lo que el percibe como una conexión directa entre los videojuegos y el crimen. La mayoría de los estudios, sin embargo, no muestran evidencias de que tales juegos causen comportamientos violentos en los jóvenes.
«Algunos creen que de hecho pueden servir como sustituto. Los niños descargan su furia a través del juego», dijo el criminólogo Roberto Briceño, quien se desempeña como académico de la organización privada Observatorio Venezolano de la Violencia en la capital.
Cuando la iniciativa de legislación se analizó por primera vez en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, los diputados vieron imágenes del popular juego «Grand Theft Auto» que muestra a un hombre sacando conductores de sus vehículos y golpeándolos salvajemente antes de robarles sus automóviles.
«Esto es lo que nuestros niños están aprendiendo de estos juegos y no puede continuar», dijo Albornoz desde el podio mientras batía un arma de juego plástica para darle énfasis a su discurso.
En caso de aprobarlo, Venezuela sería el primer país en imponer una prohibición total de la «fabricación, importación, distribución, venta y uso», de videojuegos violentos y juguetes bélicos.
El proyecto de ley daría a la oficina encargada de la protección de los consumidores la discreción para definir qué productos deben ser vetados e imponer multas que llegarían hasta los 128.000 dólares.
Otros países como Brasil, China y Alemania han expresado preocupaciones similares sobre algunos videojuegos específicos, pero la mayoría de las naciones han optado por un sistema de clasificación para advertir a padres y usuarios sobre los contenidos violentos o sexuales.
El proyecto de ley venezolano también contempla clases de prevención al delito en las escuelas públicas y obligaría a los medios a «implementar campañas permanentes» para informar sobre los peligros de los juegos violentos. Un artículo obliga al gobierno a «promover la producción, distribución, venta y uso» de juegos que enseñen a los niños «respeto a su adversario».
Unas 2.000 personas marcharon el sábado por las calles de la capital venezolana para protestar contra lo que llaman persecución generalizada en contra de los adversarios de Chávez.
«Es algo irónico que aliados de Chávez, quien persigue a sus adversarios políticos, quieran enseñar lo que es el respeto a nuestros niños», dijo Tomás Sánchez, un diputado disidente del oficialismo que rompió con Chávez por lo que consideró su creciente autoritarismo.
La ley podría cerrar algunas tiendas, salas de juego y cibercafés, pero otra ironía observada por los críticos de Chávez es que la venta ilegal masiva de videojuegos piratas probablemente no será tocada.
La mayoría de los vendedores ambulantes son de la clase baja, donde se concentra el mayor apoyo al gobernante, y ellos manejan ese mercado ilegal en todas las calles de las ciudades y pueblos del país.
Albornoz dijo que ellos deberían empezar a pensar sobre la posibilidad de eliminar juegos como «Grand Theft Auto» por otros juegos menos agresivos. «Hay alternativas que pueden ser igual de divertidas», agregó.
Al mismo tiempo, la agencia estatal Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) podría tener dificultades para hacer cumplir la prohibición porque sus 163 inspectores a nivel nacional pasan la mayoría de su tiempo fiscalizando los comercios y supermercados.
Los inspectores vigilan el cumplimiento del control del precios de algunos alimentos, que está vigente desde hace seis años, para enfrentar otro grave problema venezolano: la inflación de dos guarismos.
«Es una fachada que les permite decir que están haciendo algo para bajar el índice delictivo mientras esconden el hecho de que las políticas existentes han fracasado», comentó Sánchez.
Agencia AP.
