Washington, Estados Unidos | jueves 25/07/2018 – El exterminio en Colombia de miles de militantes de la izquierdista Unión Patriótica pasó a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano judicial regional, indicó el miércoles la CIDH, ente autónomo de la OEA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, informó que sometió el caso el 29 de junio a la jurisdicción de la Corte IDH, con sede en San José (Costa Rica), por considerar que Colombia no cumplió con las recomendaciones emitidas en un informe anterior.
Ese informe se refiere a hechos cometidos en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes de la UP en Colombia a partir de 1984 y por más de 20 años, considerados de una «gravedad y magnitud inusitados» y calificados por la CIDH como un extermino.
Los hechos involucran desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio, llevados a cabo tanto por agentes estatales como no estatales con «la tolerancia y aquiescencia» de los primeros, dijo la CIDH en un comunicado.
En su informe sobre el caso, se determinó la responsabilidad del Estado colombiano en sus dimensiones de respeto de derechos y de garantía de protección, pero éste sólo reconoció su responsabilidad internacional por el incumplimiento del deber de garantía, dijo la Comisión.
Según la CIDH, las investigaciones del Estado sobre lo ocurrido fueron «incipientes, insuficientes», e incapaces de esclarecer responsabilidades.
En el marco de la implementación del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puso fin a un conflicto de más de cinco décadas, el Estado debe asegurarse de que no se vuelvan a repetir graves violaciones de derechos humanos por el solo hecho de participar en política, señaló.
La UP, de tenedencia comunista, surgió como movimiento político de un primer proceso de paz de las FARC con el entonces presidente Belisario Betancur (1982-86).
Entre la década de 1980 y 1990, unos 3.000 simpatizantes, militantes y dirigentes de la UP fueron asesinados por fuerzas estatales en connivencia con paramilitares.
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