Por SUZANNE GAMBOA
WASHINGTON — Las autoridades de inmigración están poniendo fin a la práctica de alojar familias en una ex prisión en el centro de Texas, como un primer paso para transformar la detención de los inmigrantes de un sistema penal a otro civil.
Las familias serán enviadas inmediatamente a una instalación mucho más pequeña en Pensilvania o a otros sitios, según caso por caso, dijo el jueves a la prensa John Morton, director de Inmigración y Aduanas. Para algunos la alternativa sería reportarse a hogares comunitarios, a menudo administrados por organizaciones sin fines de lucro o grupos religiosos, donde los inmigrantes pueden entrar y salir, pero las autoridades federales seguirían vigilando su paradero.
El gobierno ha sido criticado por su tratamiento de los inmigrantes detenidos, y la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, ha hecho de la revisión de esas políticas de detención una alta prioridad para su gobierno.
Morton dijo que seguirán practicando detenciones a gran escala pero «de modo considerado y humano». Agregó que estos cambios pueden efectuarse sin perjuicio de seguir deteniendo a inmigrantes delincuentes o peligrosos.
«Este esfuerzo va a conducir a un rediseño… enfocado en la creación de un sistema caracterizado e impulsado por la filosofía de la detención civil», dijo Morton. «Va a tener mucho mayor uniformidad que la actual».
El cambio, que se supone tomará varios años, se propone imponer más orden en un sistema de 32.000 camas disperso entre celdas locales y estatales, instalaciones privadas y unos pocos centros federales de detención. Las autoridades federales han negociado más de 300 contratos con funcionarios locales y estatales y empresas privadas a fin de obtener acceso a la mayoría de dichas camas.
Morton dijo que Inmigración y Aduanas seguirá manteniendo una relación con los contratistas pero que podría eliminar algunos acuerdos.
«No estamos hablando de cambiar a una operación totalmente operada por el gobierno», dijo Morton.
El Departamento de Seguridad Interior pondrá empleados federales a cargo de vigilar el tratamiento de detenidos en 23 de los mayores centros de detención. Kelly Nantel, vocera de Inmigración y Aduanas aclaró que todavía no se ha decidido qué instalaciones serán vigiladas por los inspectores.
AP Agencia
