El prestigioso abogado Iván Cancino se sumó al controvertido proceso que se adelanta para esclarecer la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares, en su calidad de apoderado de Aidé Acevedo, abogada de la señora Pilar Gómez -madre del joven Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno, sindicada como una de las personas que estarían implicadas en el presunto homicidio-, quien es objeto de un proceso disciplinario por parte del Consejo Superior de la Judicatura por obstruir a la justicia.
Cancino se suma a una nómina “de lujo” que se ha incorporado al proceso en representación de Laura Moreno (cuya defensa está a cargo del abogado Jaime Granados) y la familia Colmenares (quienes por su parte están representados por el jurista Jaime Lombana) y que han hecho que el caso no solo tenga una especial atención por parte de los medios de comunicación sino de las más prestigiosas facultades de Derecho en razón de la confrontación que hoy tiene en lados opuestos a los más destacados penalistas del país.
El Consejo Superior de la Judicatura investiga a Aidé Acevedo, quien a la fecha se desempeña como representante de la señora Pilar Gómez y del propio Carlos Cárdenas, por un presunto intento de obstaculizar a la justicia al haber aconsejado a algunos de los testigos claves del proceso que ignoraran las reiteradas citaciones que les hizo la Fiscalía para que comparecieran ante el fiscal 11 de la Unidad de Vida, Antonio Luis González.
Sobre el particular, Cancino conceptuó que si bien la diligencia tenía un carácter reservado, se habían recolectado testimonios de las diferentes partes con el fin de investigar la actuación de su defendida en virtud al poder preferente de que goza la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
En tal sentido, a pesar de expresar su total confianza en el alto tribunal, el abogado no dudó en señalar que en lo atinente al proceso penal podía afirmar con total certeza que se le habían violado las garantías porque en su momento se encargaría de demostrar que la actuación de Ramírez se desarrolló con absoluto apego a la ley.
“Entiende uno el sentimiento de la familia, el clamor nacional, pero no podemos permitir que se condene a inocentes porque eso también es hacer justicia”, puntualizó el veterano abogado a la par de cuestionar el hecho de que la fiscalía hubiera ordenado la interceptación de las llamadas de su cliente no obstante a que se trataba de una relación cliente – abogado que debería estar amparada por los derechos de privacidad e inviolabilidad de la conversación.
En tal sentido, Cancino recordó el caso del juez español Baltasar Garzón, quien recientemente fuera expulsado de la carrera judicial en su propio país por haber ordenado una serie de interceptaciones de carácter ilegal con miras a establecer a los responsables del más reciente y sonado caso de corrupción en el país ibérico.
“Acaba de haber un caso muy claro de una persona de trascendencia mundial que a pesar de su reconocimiento fue condenado por grabar las conversaciones de un abogado con sus clientes, de tal suerte que esa es una lucha que tengo que dar como abogado, como profesor universitario y defensor de los derechos de quienes defendemos a las personas en un país democrático”, puntualizó el jurista.
